El Gobierno argentino espera la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, prevista para el 28 de noviembre, sobre el pedido para frenar la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Mientras aguarda el pronunciamiento, la Casa Rosada prepara una estrategia para tres escenarios posibles: una decisión favorable, una protección parcial o el rechazo de las medidas solicitadas.
La presentación argentina busca impedir nuevas perforaciones e instalaciones vinculadas con el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El Ejecutivo sostiene que agotará las instancias jurídicas disponibles, incluso si el fallo resulta adverso.
Arranca el juicio entre Argentina y Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas
El tribunal, con sede en Hamburgo, no debe resolver la soberanía sobre las islas, sino determinar si corresponde dictar medidas provisionales para proteger los derechos argentinos sobre la plataforma continental y sus recursos mientras avanza el arbitraje contra el Reino Unido.
La Argentina presentó cuatro pedidos: impedir nuevas perforaciones e infraestructura productiva, restringir el uso de información obtenida durante la exploración, evitar obstáculos a las obligaciones ambientales argentinas y frenar nuevas autorizaciones que agraven la controversia.
El principal punto de discusión es la jurisdicción. Mientras el Reino Unido sostiene que el conflicto no puede tratarse sin resolver antes la soberanía territorial, la Argentina afirma que es posible proteger los recursos naturales sin definir quién ejerce el control sobre el archipiélago.
El Gobierno también advierte sobre la urgencia: las perforaciones comenzarían durante 2027 y la extracción de recursos no renovables provocaría daños imposibles de revertir. La defensa británica, en cambio, sostiene que la producción comercial no empezaría antes de 2028.
Si el fallo es favorable, podría imponer restricciones a las actividades petroleras. Una resolución parcial establecería otras medidas de protección, mientras que un rechazo obligaría a estudiar los fundamentos para definir los próximos pasos. La Argentina también prevé continuar el reclamo ante el tribunal arbitral del Anexo VII, que estará integrado por cinco miembros.
En paralelo, el Ejecutivo mantiene actuaciones contra compañías vinculadas con la explotación hidrocarburífera. Ya anunció más de 180 notas de desaliento y procedimientos sancionatorios contra alrededor de 60 personas y empresas. Además, busca tratar en Diputados, el 18 de noviembre, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La delegación argentina estuvo encabezada por representantes de Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, con la participación de especialistas como Marcelo Kohen y Nicolaas Jan Schrijver. El embajador Mario Oyarzábal firmó la presentación final y reiteró la disposición a retomar negociaciones bilaterales.
La Casa Rosada considera que la decisión de Hamburgo será una primera definición sobre la protección urgente de los recursos en disputa, pero no el final del reclamo argentino por Malvinas.
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