La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la factibilidad del proyecto Sea Lion comenzó a discutirse este martes, en la primera audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo, Alemania.
El gobierno de Javier Milei presentó su solicitud el 13 de octubre, cuando invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El pedido tiene cuatro puntos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.
La delegación de Argentina durante la sesión en el Tribunal Internacional del Mar. De izquierda a derecha: María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia; Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales; Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM; y Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores
El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, los desarrolló al inicio de su exposición. “Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”, señaló.
Y agregó: “El censo de 2021 registró 3.142 residentes habituales, de los cuales 1.625 poseen el denominado “Falkland Islands Status”. Esos recursos pertenecen al pueblo argentino: unos 46 millones de personas, incluidos los 1.247 habitantes nacidos en las Islas, cuyos intereses serán debidamente tenidos en cuenta. El denominado “Falkland Islands Status” no es, además, un derecho de nacimiento: es otorgado por el Gobernador, un funcionario designado por la Corona británica. En virtud del principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, no puede disponerse unilateralmente de esos recursos mientras la disputa siga pendiente”.
La delegación argentina en Hamburgo está encabezada, además, por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto a la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, tiene un rol clave como asesor externo en la ingeniería legal: fue uno de los que expuso el caso argentino. El especialista representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque. También planteó argumentos Nico Schrijver, una de las máximas autoridades mundiales en soberanía sobre recursos naturales.
Buenos Aires construyó su argumentación sobre dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. De ahí deriva la tesis central: explotar recursos en un área bajo disputa activa viola el derecho internacional.
Lo expuso Kohen en el Tribunal: “Mediante el procedimiento arbitral, la Argentina pretende proteger sus derechos sobre los espacios marítimos en virtud de la Convención, en espera de la resolución de la controversia de soberanía territorial, que permanece sin resolver, como ustedes saben, debido a la persistente negativa del Reino Unido”, sostuvo.
Y agregó: “Para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos que la Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, es necesario demostrar que su reclamo de soberanía territorial es plausible. La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina. Para ello, bastará con decir que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una controversia relativa a la soberanía de las Malvinas”.
“También hemos mencionado que numerosos Estados del mundo reconocen la soberanía argentina. Esto demuestra ampliamente el carácter plausible de los derechos que la Argentina reivindica sobre la plataforma continental alrededor de las islas. Ciertamente, ningún Estado ha reconocido la soberanía británica, pero para dictar las medidas cautelares solicitadas, ustedes no necesitan pronunciarse sobre el carácter plausible o no de los derechos reivindicados por el Reino Unido”, completó.
El escrito argentino primario agrega otro argumento de orden práctico: el petróleo es un recurso no renovable y su extracción no puede revertirse con una sentencia posterior. Una vez extraído, ningún fallo puede restituirlo. También invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar sobre protección del medio marino. Buenos Aires aclaró expresamente que no pide al Tribunal que resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones relativas a la explotación de recursos mientras la controversia de fondo se tramita en otro foro.
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