La crisis de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo judicial en Paraguay. El Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar el sistema de salud y los fondos jubilatorios de una parte importante de los trabajadores del país, presentó una denuncia penal contra directivos de la entidad financiera y eventuales autoridades del Banco Central. El motivo: tenía más de 516 millones de dólares depositados en el banco, que atraviesa un proceso de resolución por sus problemas de solvencia.
La presentación fue realizada el martes 10 de noviembre por el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos del Ministerio Público. La institución busca que la Fiscalía investigue las operaciones vinculadas con esos recursos, determine si existieron irregularidades y establezca quiénes podrían ser responsables.
De acuerdo con el escrito presentado, el monto comprometido asciende a unos 516,4 millones de dólares. De ese total, aproximadamente 358,7 millones corresponden a colocaciones y depósitos de los fondos de jubilaciones y pensiones y de contingencia. Los otros 157,7 millones estaban distribuidos en tres cuentas operativas vinculadas con las áreas de salud, jubilaciones y pensiones.
Qué investiga la denuncia del IPS
La acción judicial contempla la posible comisión de los delitos de lesión de confianza y asociación criminal. La denuncia alcanza a los directivos de Ueno Bank y a posibles autoridades del Banco Central del Paraguay que hayan tenido participación en las decisiones relacionadas con la colocación de los fondos previsionales.
Desde el organismo explicaron que la presentación busca agotar las herramientas legales disponibles para intentar recuperar el dinero público y establecer eventuales responsabilidades individuales. El director jurídico, Pablo Morínigo, señaló que, si se demuestra la responsabilidad penal de determinadas personas, estas podrían responder también con su patrimonio particular.
La denuncia constituye una vía judicial independiente del procedimiento administrativo que lleva adelante el Banco Central sobre la situación de Ueno Bank. Mientras ese proceso apunta a resolver la situación financiera de la entidad y determinar qué recursos pueden recuperarse, la investigación penal deberá establecer si hubo delitos y quiénes participaron.
La crisis de Ueno Bank y sus consecuencias en Paraguay
El caso generó una fuerte conmoción política y financiera en el país. El Banco Central inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank después de detectar graves dificultades en sus indicadores de solvencia. La medida dejó a numerosos clientes con restricciones para acceder a sus depósitos y puso bajo análisis los fondos de distintas instituciones públicas.
La investigación también alcanzó a figuras de la conducción política y financiera paraguaya. Santiago Peña fue destituido por el Senado mediante un juicio político y quedó bajo arresto domiciliario, en el marco de las actuaciones relacionadas con el escándalo. Por su parte, el entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo, dejó su cargo y también quedó involucrado en la investigación.
El Ministerio Público abrió distintas causas para investigar presuntas irregularidades en la supervisión de la entidad, la colocación de fondos públicos y las operaciones financieras realizadas. En ese contexto, la Fiscalía imputó a 27 personas vinculadas con Ueno Bank y empresas relacionadas por presuntos hechos punibles, entre ellos conducta indebida en situaciones de crisis y lesión de confianza.
La promesa del Gobierno de devolver los ahorros
En medio de la incertidumbre, el presidente paraguayo, Pedro Alliana, aseguró que la recuperación de los recursos de los aportantes y jubilados tendrá prioridad para su administración. También informó que ya se había completado el pago a cerca del 95% de los ahorristas alcanzados por la garantía estatal, con desembolsos que rondaban los 330 millones de dólares.
Sin embargo, la situación de los depósitos que superan los límites de cobertura continúa siendo uno de los principales interrogantes. El Fondo de Garantía de Depósitos establece un tope de protección por persona o empresa y por entidad financiera, por lo que los fondos institucionales de gran volumen requieren un proceso de recuperación diferente.
El IPS es uno de los organismos más expuestos a la crisis por la magnitud de sus depósitos. La denuncia presentada ante la Fiscalía abre una nueva instancia para intentar recuperar los más de 516 millones de dólares y esclarecer cómo llegaron esos recursos a la entidad financiera. Mientras tanto, la investigación deberá determinar si existieron responsabilidades penales en las operaciones cuestionadas.
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