
A menos de dos semanas de la resolución internacional sobre la explotación petrolera en Malvinas, el Gobierno busca acelerar el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa apunta a endurecer las sanciones contra las empresas que participen de actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina y el oficialismo pretende conseguir un avance en Diputados antes del 28 de noviembre, fecha prevista para el pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La sesión especial fue convocada para el miércoles 18 y La Libertad Avanza trabaja en una estrategia para evitar que las diferencias sobre algunos artículos terminen bloqueando el proyecto completo. Entre las alternativas que analiza está la posibilidad de votar por capítulos, de manera que las disposiciones vinculadas con Malvinas puedan avanzar por separado de los puntos que generan mayor resistencia entre los bloques aliados y la oposición.
En la Casa Rosada consideran que contar con un nuevo régimen sancionatorio permitiría reforzar la presión económica y jurídica sobre las compañías relacionadas con el desarrollo Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La intención es combinar las herramientas internas con el reclamo diplomático y judicial que la Argentina mantiene ante los organismos internacionales.

Las diferencias que complican el avance en Diputados
Aunque el proyecto consiguió dictamen de mayoría a fines de octubre, el oficialismo todavía no logró cerrar un acuerdo sobre el Título VII. Ese apartado incorpora modificaciones electorales y penales relacionadas con la injerencia extranjera y es uno de los puntos más cuestionados por los sectores dialoguistas.
Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores aliados plantearon que esa parte debe eliminarse o tratarse de manera independiente. Advierten que algunas de las figuras previstas podrían afectar la libertad de expresión y cuestionan la amplitud de las conductas que se busca sancionar.

El Gobierno se resiste a retirar completamente ese capítulo y propuso modificaciones en su redacción. También incorporó excepciones para actividades periodísticas, académicas y de representación abierta de intereses, aunque las aclaraciones no alcanzaron para despejar todas las objeciones.
Por eso, la votación por capítulos aparece como una salida para reunir respaldos alrededor del régimen de sanciones. El oficialismo incluso evalúa conseguir acompañamiento de sectores del peronismo en los artículos específicos sobre Malvinas. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo con Unión por la Patria, que tiene una propuesta propia sobre la cuestión y mantiene diferencias con otras partes de la iniciativa.
Qué sanciones busca incorporar la nueva ley
El proyecto pretende ampliar el alcance de la legislación vigente, establecida por la Ley 26.659 y modificada en 2013. Esa norma ya contempla inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, además de sanciones penales y restricciones para contratar con el Estado en determinadas actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
La propuesta del Ejecutivo busca extender las penalidades a empresas, accionistas y proveedores que participen de la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos disputados. Entre las herramientas previstas figuran multas calculadas según el valor de los barriles de petróleo, nuevas restricciones comerciales, inhabilitaciones y mecanismos para incentivar el abandono de las operaciones cuestionadas.

La urgencia también está relacionada con los expedientes que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas y entidades vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Los procedimientos comenzaron en septiembre con 45 sujetos y luego se extendieron a otros 15. Las actuaciones todavía no tienen una resolución definitiva y el Gobierno busca acelerar su tramitación.
De todos modos, la aprobación en Diputados no alcanzaría para poner en vigencia el nuevo régimen. La iniciativa también necesita la sanción del Senado y su aplicación dependerá del texto que finalmente se convierta en ley.
La decisión internacional y los escenarios que contempla la Casa Rosada
El calendario parlamentario está directamente relacionado con el pedido que la Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, donde el país reclamó medidas provisionales para frenar el avance de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación argentina apunta a impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura productiva, limitar el uso de información obtenida durante la exploración y evitar decisiones que puedan agravar la controversia. El Reino Unido rechazó los argumentos y pidió que se desestimen las medidas solicitadas.

El proyecto Sea Lion es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que prevén avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028. La posición argentina sostiene que la extracción podría ocasionar daños sobre recursos naturales no renovables y modificar la situación antes de que el arbitraje internacional resuelva el conflicto.
Para el 28 de noviembre, el Ejecutivo contempla tres posibilidades: que el tribunal conceda las medidas solicitadas, que acepte solo una parte del planteo o que rechace el pedido. Ninguno de esos resultados resolverá la disputa por la soberanía de las islas, ya que la instancia de Hamburgo debe pronunciarse sobre las medidas provisionales y no sobre el fondo de la controversia.
Incluso ante una resolución desfavorable, la Argentina prevé continuar con el procedimiento arbitral iniciado bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Ese proceso contempla la conformación de un tribunal de cinco árbitros que deberá examinar su competencia y, si corresponde, resolver las pretensiones presentadas por las partes.
Con la sesión del 18 de noviembre como primera instancia decisiva, el Gobierno busca conseguir una señal parlamentaria antes del pronunciamiento internacional. La estrategia es sostener la presión sobre las compañías involucradas mediante sanciones internas, actuaciones administrativas y reclamos diplomáticos, independientemente de cuál sea la decisión que adopten los jueces en Hamburgo.



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