Esteban Lindor Alvarado, el capo narco rosarino preso en Ezeiza que cumple una condena a prisión perpetua, sigue ejerciendo desde la jefatura de la organización criminal desde la cárcel federal en la que se encuentra detenido. Esto es lo que determinaron los fiscales de la Procuradoría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que llevaron a imputación este viernes a su hijo Santino y a otras diez personas, entre las que se encuentra el abogado Claudio Tavella, que habría sido clave para la comunicación interna de la banda.
La investigación del fiscal Matías Scilabra se inicia en marzo de 2023, tras el intento de fuga de su padre de Ezeiza. La maniobra había incluido la compra y preparación de un helicóptero en Paraguay, el traslado de la aeronave a Entre Ríos y la contratación de un piloto que iba a sacarlo desde el aire por el patio de la cárcel. Pero alguien filtró el dato a la justicia y el plan se desactivó antes de concretarse.
Desde ese momento, la PROCUNAR intervino teléfonos y siguió los movimientos de presuntos integrantes de la banda. Así, encontró evidencia de traslados de cocaína en avionetas desde Bolivia a través de Paraguay, la compra de al menos 13 vehículos para lavar dinero, gestíón de armas y municiones, viajes a España de Santino Alvarado y administración de varios depósitos de droga en Funes, Roldán y Granadero Baigorria, entre otros elementos con los que se llegó a la indagatoria ante el juez federal Carlos Vera Barros en los Tribunales Federales rosarinos.
Un abogado, enlace con la cárcel de Ezeiza
Uno de los nombres más importantes de la imputación es el de Claudio Tavella, abogado que ya había sido detenido en 2019 por su rol dentro de la estructura liderada por Alvarado. Aquella vez, había acordado un juicio abreviado que le significó una multa de 44 millones de pesos y una inhabilitación profesional por tres años. Terminado ese plazo, volvió a las andadas. Así al menos lo entendió la Procunar, que le adjudicó una función importante también ahora dentro de la banda.
Procunar encontró datos de una retribución mensual fija para Tavella, proveniente de los fondos de la banda narco. Pero eso no es todo: también aparece la utilización de su condición de abogado para obtener información sobre investigaciones en curso en el MPA.
Para la acusación, el abogado tuvo un papel clave para mantener conectados a Esteban Alvarado con el resto de los integrantes de la organización. Tavella retransmitía instrucciones del jefe narco a Santino y a María Fernanda Rojas, encargada de administrar las finanzas extramuros. También habría intervenido en la coordinación de cobranzas, reclamos a deudores y movimientos de dinero.
Procunar encontró datos de una retribución mensual fija para Tavella, proveniente de los fondos de la banda narco. Pero eso no es todo: también aparece la utilización de su condición de abogado para obtener información sobre investigaciones en curso en el MPA en las que aparecía mencionado Santino, e incluso habría consultado sobre expedientes que tenían secreto de sumario.
La administración del dinero y las cobranzas
María Fernanda Rojas aparece como la responsable de la administración financiera de la estructura. En las comunicaciones analizadas por los investigadores era mencionada con distintos nombres y apodos, entre ellos «Mari», «Maruca», «Mimi» y «la piba».
De acuerdo con la acusación, tenía a su cargo cobrar y custodiar el dinero proveniente de una cartera de préstamos a interés y de otros negocios que los integrantes denominaban «alquileres».
La investigación detectó al menos 82 llamadas entre María Fernanda Rojas y Esteban Alvarado entre junio de 2025 y octubre de 2026. Según la imputación, esas comunicaciones se realizaban mediante teléfonos de terceros o con la presencia de personas autorizadas, porque ella no tenía habilitación para mantener contacto directo con el detenido.
Las conversaciones incorporadas al expediente muestran instrucciones de Esteban Alvarado sobre el cobro de distintas deudas, la exigencia de cuotas y la presión sobre los morosos. En una comunicación de hace menos de dos meses, el 24 de septiembre pasado, el jefe le habría ordenado que no aflojara con los deudores: «No le bajes, volvelos locos a todos».
La mujer también habría sido el nexo financiero para pagar gastos y retribuciones de integrantes de la estructura. Entre ellos, una cuota mensual a una persona identificada como Agustina Nasca.
La investigación detectó, además, al menos 82 llamadas entre Rojas y Esteban Alvarado entre junio de 2025 y octubre de 2026. Según la imputación, esas comunicaciones se realizaban mediante teléfonos de terceros o con la presencia de personas autorizadas, porque ella no tenía habilitación para mantener contacto directo con el detenido.
El círculo de confianza de Santino
En el nivel operativo aparece un grupo de personas que, según la fiscalía, acompañaba permanentemente a Santino Alvarado, realizaba traslados, custodiaba sus movimientos y participaba en operaciones de aprovisionamiento y distribución de drogas.
Uno de los nombres destacados es el de Ignacio Matías Aranda, conocido como «Nacho». La imputación lo ubica como la persona de mayor confianza de Santino y le atribuye tareas de distribución de estupefacientes, adquisición y circulación de armas, administración de vehículos y funciones de chofer.
Aranda también habría sido el encargado de utilizar un departamento de un condominio en Funes que funcionaba como lugar de guarda y apoyo logístico. La investigación también menciona una agencia de autos de Lavalle al 1200 que estaría vinculada con la estructura.
Una armería, una pistola Bersa y municiones
El 5 de agosto de 2025, uno de los integrantes de la banda se encuentra con Santino Alvarado en una estación de servicio Shell de Funes. Ahí le entrega una bolsa negra de grandes dimensiones y un teléfono celular. Después, hay un viaje de ese mismo miembro de la organización hasta la armería Rapelli, adonde compran una pistola Bersa TPR9 y municiones.
En otra de las comunicaciones que se constan en la investigación, Ignacio Aranda menciona un Fiat Cronos en el que habían trasladado “50 kilos de merca, 50 kilos de flores, fusiles”. En enero de 2025, hay otro intercambio de mensjaes: ahí se habla de un listado de armas, municiones y chalecos antibalas y un pedido específico: “Dos FMK tres”.
La flota de vehículos: 13 rodados y millones de pesos
Otro capítulo importante de la investigación es el referido al patrimonio de la organización. Los fiscales sostuvieron que Esteban Alvarado aportó dinero proveniente de actividades ilícitas para adquirir trece vehículos, que eran administrados principalmente por Santino y, en un caso, por Tavella.
Varios de los rodados no estaban registrados a nombre de quienes los utilizaban. Entre los vehículos mencionados aparecen una Ford Ranger Raptor valuada en más de 43 millones de pesos, una Volkswagen Amarok V6 de más de 81 millones, una Toyota SW4 de casi 69 millones y una Volkswagen Nivus valuada en más de 38 millones de pesos, según los valores de referencia de la DNRPA incorporados al expediente. También figuran varias Toyota Hilux, un Volkswagen Vento, un Fiat Cronos, un Volkswagen Gol Trend y una motocicleta Honda XRE300 Rally.
Una Toyota SW4 habría sido entregada por Santino hace dos meses a otro integrante de la organización que vive en Puerto Norte, pese a no estar inscripto ante ARCA ni registrar empleo o capacidad económica para afrontar una compra de casi 69 millones de pesos.
Los 430 kilos de cocaína que llegaron desde Bolivia
La investigación de Procunar también reconstruyó el recorrido para operaciones de narcotráfico de mayor escala. Una de las más importantes fue el intento de introducir al país alrededor de 430 kilos de cocaína desde Bolivia mediante vuelos irregulares en 2024.
Según la imputación, Esteban Alvarado habría organizado la operación desde la cárcel de Ezeiza, mientras que Santino mantenía las comunicaciones y coordinaba la recepción de la mercadería fuera del penal. El plan fue frustrado el 10 de marzo de 2024, cuando la policía paraguaya interceptó una aeronave Cessna 206 en una pista clandestina de la localidad de San Juan Bautista, en el departamento de Misiones. En el avión encontraron diez bolsas con cocaína. El pesaje definitivo estableció un total de 433,850 kilos.
La causa mencionó también una segunda operación, que habría tenido como objetivo ingresar otros 300 kilos de cocaína desde Bolivia. En este caso, la estructura habría contado con la intervención de proveedores bolivianos y personas encargadas de la logística aérea y de la recepción de la droga en territorio argentino.
Entre los nombres que menciona la causa, aparecen el narco peruano Jorge Adalid Granier Ruiz junto a su hijo Jean Carlo, que coordiban logística para el envío de la droga con Brian Walter Bilbao, que fue detenido en noviembre del año pasado con casi mil kilos de cocaína en una camioneta con la que pretendió escapar de Gendarmería por la madrugada, en un paraje rural cerca de Campana, en la provincia de Buenos Aires.
La evidencia judicial muestra interacción entre Alvarado, Granier y Bilbao, todos “pesos pesado” del ambiente narcocriminal.
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