En la mañana de este jueves se concretó la detención de Santino Alvarado, hijo del narco Esteban Lindor Alvarado. Al operativo lo concretó el el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de 38 allanamientos que se hicieron en distintas localidades de la provincia de Santa Fe. Como resultado, fueron detenidas once personas entre las que se encuentra el hijo del narco rosarino, localizado en una vivienda de Funes. Al momento de su detención, rompió tres teléfonos celulares. Se incautó cocaína, armas de fuego, municiones, cargadores y una granada.
La investigación judicial apunta al entorno de Esteban Lindor Alvarado y a sus presuntos vínculos con el narcotráfico, la comercialización ilegal de armas y el lavado de activos. Entre los detenidos también se encuentran María Fernanda Rojas y Claudio Tavella, identificados por los investigadores como personas de extrema confianza de Esteban Alvarado.
De acuerdo con las tareas investigativas, Santino Alvarado habría utilizado a su círculo de allegados para desarrollar distintas actividades ilícitas, entre ellas el cobro de dinero a terceros, la venta de armas de fuego y municiones, la comercialización de estupefacientes y el cambio de divisas. Estas operaciones habrían sido disimuladas mediante la compra y venta de vehículos de gama media y alta, como parte de un presunto circuito de lavado de activos.
Por su parte, María Fernanda Rojas habría desempeñado un papel central en el manejo de los movimientos de dinero de la estructura. Los investigadores determinaron que contaba con un amplio conocimiento de su funcionamiento y de las relaciones internas, por lo que presumen que, desde la detención de Esteban Alvarado, habría asumido un rol relevante para garantizar la continuidad de sus actividades. Además, las tareas de vigilancia permitieron advertir que mantenía un perfil reservado y adoptaba constantes recaudos en sus desplazamientos y contactos.
En cuanto a Claudio Tavella, abogado de Esteban Alvarado, la investigación estableció que ambos habían compartido un período de detención años atrás, circunstancia a partir de la cual habrían consolidado un vínculo de estrecha confianza. Según las pesquisas, Tavella no solo ejercería su representación legal, sino que también sería una de las personas encargadas de atender distintos requerimientos de Alvarado y mantendría comunicaciones telefónicas cotidianas con él.
La causa se inició como desprendimiento de una investigación que tramitó ante el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, en la que se había frustrado un intento de fuga de Esteban Lindor Alvarado del Complejo Penitenciario Federal N.º 1 de Ezeiza. A partir de ese episodio, la Justicia ordenó profundizar las pesquisas sobre su entorno ante la posible comisión de delitos vinculados con la Ley 23.737.
Las tareas de inteligencia se concentraron en Santino Alvarado y sus contactos más cercanos. Mediante intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancia encubierta y el uso de drones, los investigadores identificaron personas, domicilios y vehículos, y reunieron indicios sobre las presuntas actividades ilícitas y los roles que cumpliría cada integrante.
Con la información obtenida, la División Operaciones Federales de la PFA desplegó los procedimientos por orden del Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, con intervención de la Secretaría B y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NEA.
Durante los registros, en una vivienda vinculada a Santino Alvarado, los efectivos incautaron una escopeta calibre 12/70 con 14 municiones, una pistola Glock calibre 9 milímetros con mira láser y tres cargadores con un total de 88 municiones, además de una pistola Ruger calibre .380 con dos cargadores y 125 municiones.
En otro inmueble, relacionado con Nicolás David Torres, se encontró un ladrillo de cocaína de aproximadamente un kilogramo, una pistola Glock calibre .40 con el cañón modificado para la colocación de un silenciador y dos municiones en su cargador. También se secuestraron una pistola Taurus calibre 6,35, dos balanzas de precisión, una granada de mano, 205 municiones calibre .223 y cuatro cargadores de fusil.
A través del Plan Bandera, el Ministerio de Seguridad Nacional continúa fortaleciendo las tareas de investigación criminal y el despliegue de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico y desarticular las estructuras delictivas que operan en la región.
Comentarios