La posibilidad de una intervención militar estadounidense volvió a quedar sobre la mesa después de que Donald Trump afirmara que está dispuesto a considerar esa alternativa para Cuba. El mandatario sostuvo que pretende resolver la situación de la isla antes de dejar la Casa Blanca, en enero de 2029, y apuntó al secretario de Estado, Marco Rubio, como una figura central de esa estrategia.
“Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme”, expresó durante una entrevista telefónica con Salem News Channel. También calificó al país caribeño como “esencialmente un lugar o un país fallido” y aseguró que cuenta con el respaldo de la comunidad cubanoestadounidense de Florida.
No es la primera vez que Trump anticipa un desenlace cercano para el gobierno cubano. En marzo había pronosticado una caída inminente del régimen y, a fines de octubre, estimó que la situación se resolvería dentro de los dos años y medio que le restan de mandato.
Una ofensiva que combina sanciones y presión energética
La estrategia de Washington se intensificó después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el 3 de enero, que interrumpió el suministro de petróleo venezolano a Cuba.
A partir de entonces, la administración Trump avanzó con restricciones comerciales y financieras. En enero declaró a la isla una amenaza para la seguridad nacional y amenazó con imponer aranceles a los países que le vendieran petróleo. México suspendió los envíos y recién a fines de marzo Estados Unidos permitió el ingreso de un buque ruso con unos 730.000 barriles de crudo.
La presión también alcanzó a empresas extranjeras con negocios en sectores estratégicos de la economía cubana. En mayo, el Departamento de Justicia acusó a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996 y en el que murieron cuatro personas. En junio, el Tesoro estadounidense sancionó a Miguel Díaz-Canel y a integrantes de su familia.
La última medida llegó el 5 de noviembre, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció una nueva ronda de sanciones contra compañías vinculadas al transporte marítimo de petróleo hacia la isla.
Los contactos diplomáticos no lograron un acuerdo
En paralelo a las restricciones, Washington intentó abrir canales de diálogo. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana en mayo con una propuesta de asistencia, mientras que Marco Rubio ofreció 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos, bajo la condición de que la distribución no quedara en manos de GAESA, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas.
Sin embargo, ninguna de esas gestiones derivó en un entendimiento. La postura de ambos gobiernos continúa enfrentada: mientras Rubio sostiene que el modelo cubano representa una amenaza para la seguridad estadounidense, Díaz-Canel rechaza cualquier intento de injerencia externa.
“El futuro de Cuba no se decidirá jamás al norte”, respondió el mandatario cubano en la red social X.
En el plano interno estadounidense, el Senado rechazó en abril una resolución que buscaba obligar a Trump a solicitar autorización del Congreso antes de ordenar una acción militar contra la isla. De esta manera, el presidente mantiene margen para evaluar esa alternativa, que ahora volvió a mencionar públicamente.
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