El Gobierno nacional habilitó la incorporación de nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas con cobro de peajes. La medida alcanza a 27 rutas distribuidas en distintas provincias, entre ellas Santa Fe, y forma parte del programa denominado Red Federal de Concesiones.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La normativa establece que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional en un plazo máximo de 12 meses.
El listado incluye corredores estratégicos para la circulación y el transporte de cargas. En Santa Fe, la principal traza alcanzada es la Ruta Nacional 11, que conecta la provincia con Chaco y Formosa.
También aparecen las rutas 9, 12, 14 y 16, que atraviesan otras provincias de la región, además de corredores que conectan Buenos Aires, Córdoba, el norte argentino y la Patagonia.
Qué rutas estarán alcanzadas por las concesiones
El decreto contempla las siguientes trazas:
Ruta 3: Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz.
Ruta 9: Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy.
Ruta 11: Santa Fe, Chaco y Formosa.
Ruta 12: Entre Ríos.
Ruta 14: Corrientes y Misiones.
Ruta 16: Santiago del Estero, Chaco y Salta.
Ruta 22: Buenos Aires y La Pampa.
Rutas 25 y 26: Chubut.
Ruta 33: Buenos Aires.
Ruta 34: Jujuy y Salta.
Ruta 35: Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.
Ruta 38: Córdoba y La Rioja.
Ruta 50: Salta.
Ruta 60: Córdoba.
Rutas 81 y 86: Formosa.
Ruta 89: Chaco y Santiago del Estero.
Rutas 120, 121 y 122: Corrientes.
Rutas 151 y 152: La Pampa.
Ruta 158: Córdoba.
Ruta 228: Buenos Aires.
Ruta 237: Neuquén.
Ruta A0017: Buenos Aires.
La incorporación al sistema no implica que todas las rutas vayan a concesionarse en su totalidad. La Secretaría de Transporte deberá definir los tramos específicos, con un informe técnico previo de la Dirección Nacional de Vialidad. Además, quedarán excluidos los sectores que ya estén comprendidos en concesiones vigentes.
Una vez adjudicados, los operadores privados podrán asumir tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, con financiamiento mediante el cobro de peajes.
Los argumentos del Gobierno
Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostiene que la participación del sector privado permitirá rehabilitar la infraestructura vial, mejorar las condiciones de seguridad y reducir los costos logísticos.
El decreto también plantea que el nuevo esquema busca fortalecer la competitividad y avanzar en los objetivos de eliminación del déficit fiscal y equilibrio de las cuentas públicas.
La Dirección Nacional de Vialidad continuará como autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la supervisión y el control de los contratos que se adjudiquen.
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