
La Cámara de Diputados abrirá este miércoles el recinto para debatir un paquete de iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La agenda estará encabezada por la denominada “Ley Malvinas” y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos proyectos que anticipan una extensa jornada parlamentaria, con una sesión que comenzará a las 12 y podría prolongarse hasta la madrugada.
La convocatoria fue solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, junto con otros legisladores oficialistas. El temario también contempla acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos cometidos por menores y contra la integridad sexual, además del convenio de libre comercio entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y una enmienda al Protocolo de Montevideo.
Ley Malvinas: el capítulo que genera diferencias con los aliados
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como “Ley Malvinas”, es uno de los principales objetivos del oficialismo para esta sesión. La Libertad Avanza cuenta con los respaldos necesarios para conseguir su aprobación en general, aunque enfrenta dificultades para sostener la totalidad del articulado.
El principal foco de conflicto está en el capítulo 7, que incluye modificaciones al sistema electoral y establece sanciones para extranjeros que financien campañas políticas. Para aprobarlo se requieren 129 votos, una mayoría especial que el Gobierno todavía no tiene garantizada.
En las negociaciones previas, el PRO y la UCR manifestaron su disposición a acompañar la iniciativa, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron modificaciones de fondo en ese apartado.
Ante la falta de consenso, no se descarta que el oficialismo termine aceptando su eliminación para asegurar la aprobación del resto del proyecto.
La iniciativa establece un régimen de sanciones penales y económicas contra empresas y personas vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. También contempla penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores involucrados en esas operaciones, con determinadas excepciones.
Sin embargo, las mayores objeciones opositoras apuntan a las facultades que se le otorgarían al Poder Ejecutivo frente a una eventual “amenaza externa”.
El texto propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de los bloques aliados, también se incorporaron como miembros no permanentes autoridades del Congreso y gobernadores.
Entre sus atribuciones figuran la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de disponer medidas urgentes ante amenazas externas graves. Entre ellas aparecen restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones y limitaciones a las importaciones y exportaciones.
Otros puntos controvertidos son la incorporación de protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en operaciones no convencionales.
Desde el peronismo y la izquierda cuestionan que la iniciativa amplíe las facultades presidenciales y permita intervenciones que, según advierten, podrían afectar la división entre defensa nacional y seguridad interior.
El proyecto también otorga rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones cuando existan motivos razonables para sospechar una vinculación con esas actividades.
Como parte de las modificaciones negociadas, el oficialismo aceptó excluir de cualquier persecución penal o económica las actividades diplomáticas, periodísticas, académicas y de lobby regulado.
Reforma del Banco Central: el objetivo de blindar la emisión cero
El segundo proyecto central de la jornada será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa busca establecer como principio rector la preservación del valor de la moneda y limitar las herramientas de financiamiento del Estado.
Uno de los principales cambios que atravesó el debate parlamentario está relacionado con el mecanismo para designar y remover a los integrantes del directorio de la autoridad monetaria.
La media sanción original de Diputados establecía que la remoción de directores requería el respaldo de dos tercios de los votos de ambas cámaras. Sin embargo, el Senado modificó ese esquema y estableció que será suficiente una mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta.
Luego de intentar recuperar la redacción original, el oficialismo terminó aceptando los cambios introducidos por los senadores. De esta manera, Diputados perdió intervención en el mecanismo de designación y remoción de los funcionarios del Banco Central.
Más allá de esa discusión institucional, el eje económico de la reforma es consolidar el esquema de “emisión cero” que promueve la administración de Milei.
Para ello, el proyecto establece un mandato único para el Banco Central: preservar el valor de la moneda. En ese sentido, elimina la multiplicidad de objetivos incorporada en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y prohíbe distintas herramientas de financiamiento al Tesoro.
Entre las restricciones previstas figuran la eliminación de los adelantos transitorios al Gobierno nacional, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
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Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a impedir que futuras administraciones recurran a la emisión monetaria para financiar el gasto público y generen presiones inflacionarias.
La discusión de ambos proyectos concentrará buena parte de una sesión que también tendrá otros acuerdos internacionales y modificaciones en materia judicial. El resultado de las negociaciones con los bloques dialoguistas será determinante para establecer hasta dónde podrá avanzar el oficialismo con su agenda legislativa.



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