Una investigación federal por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos derivó en la detención de Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, en el Aeroparque Jorge Newbery. La mujer arribó el lunes por la tarde en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Río Gallegos y, por disposición de la Justicia, le secuestraron cuatro valijas.
Insaurralde viajaba junto a otras dos personas, identificadas como Cristian Ibáñez y Valentina Devetac. El procedimiento se realizó por orden del juez federal de Río Gallegos y dio paso a una serie de medidas judiciales vinculadas con una causa que investiga el presunto transporte de cocaína en camiones desde diciembre de 2025.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, detrás de esas maniobras habría una organización que tendría como principal referente a Báez, quien actualmente se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
Más de 25 allanamientos y nuevas detenciones
La investigación avanzó con más de 25 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires. Durante los operativos se secuestraron vehículos, drogas, armas de fuego y documentación que será analizada en el marco del expediente.
Además, las medidas derivaron en otras cuatro detenciones, que se sumaron a la de Insaurralde. La situación también alcanzó a Báez: las autoridades judiciales lo notificaron sobre la causa en el penal de Ezeiza, allanaron su celda y dispusieron que permaneciera incomunicado.
El expediente busca determinar el alcance de la presunta estructura y el grado de participación de cada uno de los involucrados en las maniobras investigadas.
Los antecedentes judiciales de Lázaro Báez
Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a través de su empresa Austral Construcciones. Su trayectoria empresarial quedó atravesada por distintas investigaciones judiciales.
En la causa Vialidad recibió una condena firme de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También fue condenado a diez años de cárcel en el expediente conocido como La ruta del dinero K, por lavado de activos, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente cumple esa condena en el penal de Ezeiza y enfrenta otras investigaciones vinculadas con presunta evasión fiscal, lavado de activos y narcotráfico. La nueva causa busca establecer si tuvo participación en la organización investigada por el traslado de estupefacientes.
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