El Concejo Municipal de Rosario avanzó con el debate sobre la prohibición de los cuidacoches en la vía pública, aunque todavía persisten diferencias entre los bloques sobre cómo instrumentar la medida y qué alternativas ofrecer a las personas que actualmente desarrollan esa actividad. En una reunión conjunta de las comisiones de Gobierno, Obras Públicas y Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, se incorporaron nuevas propuestas para profundizar el abordaje social y definir el régimen de sanciones.
Durante el encuentro, la concejala Sabrina Prence presentó modificaciones al proyecto del Departamento Ejecutivo, que propone adherir a la Ley Provincial Nº 14.486. Su planteo apunta a que la prohibición esté acompañada por políticas de capacitación, asistencia e inserción laboral para las personas en situación de calle que trabajan como cuidacoches.
Entre las propuestas incluyó la elaboración de un protocolo de actuación, un registro de antecedentes para los casos de reincidencia y la habilitación de canales de denuncia a través del 911, el 147 y Munibot. También planteó realizar campañas de difusión, presentar informes periódicos al Concejo y coordinar con la Provincia las intervenciones policiales.
En relación con las multas, Prence consideró que no deberían aplicarse a quienes ejercen la actividad y no cuentan con recursos para afrontarlas, aunque sí podrían alcanzar a aquellas personas que tengan capacidad económica para pagarlas.
La concejala explicó que las modificaciones buscan reunir los aportes de los distintos espacios políticos para que la iniciativa no quede identificada como una propuesta individual, sino que incorpore las diferentes miradas que surgieron durante el tratamiento.
Cuidacoches: prohibición, excepciones e inclusión dividen al Concejo
Los puntos que dividen a los bloques
Desde Unidos por Rosario, Fabrizio Fiatti pidió contar con el documento presentado para continuar el análisis conjunto. El concejal sostuvo que la discusión debe concentrarse en tres cuestiones centrales: establecer la prohibición, determinar cómo se aplicarán las sanciones a nivel local y garantizar un abordaje social.
En ese marco, consideró que el artículo referido al régimen de excepciones no representa una prioridad para esta instancia del debate.
Más allá de las diferencias sobre la instrumentación, durante la reunión hubo coincidencias entre los concejales y concejalas sobre la necesidad de incorporar a las organizaciones sociales que ya trabajan con las personas que realizan la actividad y fortalecer la articulación con las comunidades barriales.
Entre las alternativas planteadas aparecieron los programas de acompañamiento, la capacitación en oficios y la generación de oportunidades de inserción laboral. El objetivo compartido es evitar que la prohibición se traduzca en el abandono de quienes actualmente dependen de esta actividad.
Cuándo continuará el debate
Tras el intercambio, los representantes de los distintos bloques acordaron realizar una nueva reunión conjunta el próximo miércoles. La intención es avanzar en la incorporación de las modificaciones presentadas y profundizar la discusión sobre los mecanismos de aplicación, las sanciones y las herramientas de inclusión social.
Del encuentro participaron los presidentes de las tres comisiones: Federico Lifschitz (Socialista), Sabrina Prence (Nación y Libertad) y Fabrizio Fiatti (Unidos por Rosario), además de representantes de los distintos bloques políticos.
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