Los cuatro Ministros de la Corte Suprema de Justicia vinieron de tour a la ciudad de Rosario. Convocaron de partenaires a más de 100 jueces federales y a gran parte del arco político santafesino que, a pesar de la gran deuda de este fuero con la provincia y con Rosario, saludaron la iniciativa y el tono del evento. Cuando se habla de visita es porque el que arriba no siente propio el territorio, y se exacerba aún más la distancia entre el poder central porteño y las realidades en el interior del país.
Llegaron en busca de la foto. Con una Facultad de Derecho sitiada dos cuadras a la redonda, cientos de efectivos dispuestos en el operativo, una inversión fuerte en hotelería y catering, sumado a los discursos vacíos de autocrítica no pueden haber caído bien en la sociedad rosarina, y menos en la dirigencia que paga y pagó los costos del flagelo del narcotráfico en la región.
La autonomía universitaria, por cierto, se vio violentada por el capricho de la Corte de venir a lavar culpas de sus propios funcionarios que hicieron oídos sordos durante todos estos años a los informes de sus investigadores, y a la justicia santafesina que pedía ayuda a gritos para enfrentar a las bandas de delitos complejos que cometían crímenes de competencia federal. Fue triste ver cómo ex alumnos, ex decanos y no docentes de la Universidad Nacional de Rosario tenían que pasar pesquisas, estar anotados en una lista de una agrupación gremial judicial, para poder ingresar a la histórica Facultad de Derecho, casa de estudios del propio intendente de Rosario, por ejemplo.
Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal compuesto por cuatro varones, fue el único que esbozó una autocrítica sobre el final de su discurso, apuntando a quienes decidieron no investigar y por acción, u omisión, permitieron que se desarrollen las bandas narcos en nuestro territorio. El ex intendente de Santa Fe dejó entrever que hay dos bandos y que hay que saber dónde uno quiere estar parado. El resto fueron mensajes por la puja política con el gobierno nacional por el control sobre el Consejo de la Magistratura, y respuestas a algunos ataques mediáticos en las últimas semanas.
Mientras sucedía el acto en Derecho, al que la ni siquiera fueron invitados los integrantes de la Corte Provincial de manera formal y que fue organizado por una agrupación gremial judicial denominada AJUFE, los fiscales provinciales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra estaban finalizando los alegatos de clausura en el juicio contra Esteban Alvarado y seis integrantes de su banda por asociación ilícita y varios homicidios. Sí, la justicia santafesina no tiene la potestad de juzgar la comercialización de estupefacientes, raíz de todos los delitos colaterales que se producen.
Catorce informes contra Alvarado, una presentación de causa de 9 cuerpos, videos de avionetas trayendo marihuana de Paraguay y cruces de llamados telefónicos son algunas de las cosas que se encajonaron en un juzgado federal entre el 2013 y 2014. También se negó la ampliación en la investigación y la intervención de más líneas al agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que estaba a cargo del seguimiento de lo que sucedía en ese tiempo con la droga. Todo esto quedó expuesto en el juicio que finalizó esta semana.
El juez responsable de ese episodio, Marcelo Bailaque, fue denunciado por los fiscales santafesinos por esa “omisión” y presentarán las pruebas ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, este órgano encargado del poder disciplinario sobe los jueces federales no se reúne hace casi seis meses y tiene quietas más de 230 denuncias contra magistrados de todo el país. Quienes lo integran son políticos, abogados, jueces y ahora lo preside el presidente de la Corte nacional Rosatti que quiere darle otro funcionamiento.
Por primera vez desde que tengo ejercicio del periodismo, pudimos tener un encuentro mano a mano con los dos jueces federales de instrucción de Rosario. Son reticentes a atender a la prensa y a comunicar lo que hacen, y en el encuentro cara a cara no fue la excepción: desviaron las preguntas y no contestaron absolutamente nada. Uno hasta dijo desconocer la denuncia que le habían realizado los fiscales hacía algunas horas y de la que hablaba todo el círculo rojo rosarino, cerrando con una frase que grafica la situación: “No leo los diarios”.
Parece curioso, insisto, que se hayan escuchado pocas voces de la política santafesina mostrando la indignación pública sobre lo acontecido en la Facultad de Derecho. Una especie de visita al zoológico Rosarino, con las precauciones del caso, en busca de una falsa preocupación por lo que sucede, y mostrando como ejemplo a la ciudad para los demás distritos, con una idea que sobrevoló la jornada: “Ojo que les puede pasar lo mismo que a Rosario”.
Ya se encargaron de estigmatizarnos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y de desprestigiar a los rosarinos como ciudadanos de nuestro país en la falta de apoyo económico, logístico y político contra las bandas narcocriminales que se llevan cientos de vidas por año en nuestro territorio. No hacía falta la demagogia y el desatino de venir a narrarnos un cuento que vivimos desde adentro, y sin hacer un mea culpa de que hemos sido los santafesinos en soledad los que le dimos lucha a los que alteraron la paz en toda la provincia.
Siempre es bueno que se dé un puntapié inicial, pero en concreto en el encuentro altisonante sólo hablaron de un seguimiento semanal con la creación de una “agencia” que siga los casos de narcotráfico en la región. Eso ya se hace desde el 2016, cuando la ex Procuradora General de la Nación Gils Carbó firmó un convenio con la Corte provincial, y al día de hoy funciona con fluidez nuevamente. La PROCUNAR y los fiscales provinciales y federales trabajan a destajo con los pocos recursos que tienen, pero encuentran coto en el avance cuando llegan a ciertos espacios de resolución. Más de lo mismo.
Vale mencionar que Los Monos fueron juzgados por la justicia federal una vez que ya estaban detenidos, procesados y juzgados por la justicia provincial por delitos ordinarios. Y fueron los únicos hasta el momento en pasar por el banquillo de los tribunales federales de calle Oroño. Tal vez corra la misma suerte Alvarado, y estén esperando que sea el Estado provincial el que resuelva la situación judicial de este jefe narco para luego avanzar con alguna carpeta escondida y tapada de polvo en el fondo de algún juzgado.
Indigna el nivel de cinismo con el que se dirigieron a nuestra ciudadanía y la puesta en escena, casi de la llegada de los Beatles en la década del 60, de cuatro varones que el 99% de la ciudadanía no reconocería si caminan por la calle como cualquier ciudadano común. Así, custodiados de verdad, viven los que tienen los cojones de enfrentarlos a diario desde la justicia provincial y los funcionarios que se animan a investigarlos.
Seguimos solos, pasó la nube de humo, y la impunidad, el ostracismo y la lejanía con la que se han manejado desde la justicia federal seguirá siendo la misma. Los intocables seguirán siendo intocables.
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