Desde Venezuela emitieron una orden de captura contra el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Así lo anunció el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab.
“Este ministerio público de la republica bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich“, indicó el funcionario judicial venezolano.
El nuevo embate del gobierno de Nicolás Maduro en medio de su conflicto político-diplomático con la administración libertaria responde a una causa vinculada con el avión que estuvo retenido en Ezeiza y que la Argentina entregó a Estados Unidos, país que había solicitado que sea incautado debido a una presunta transferencia irregular.
Luego de un año y ocho meses de permanecer en el aeropuerto internacional argentino, el 12 de febrero de 2024 el avión venezolano-iraní que estaba retenido fue derivado por orden de la Justicia federal, ante el pedido estadounidense de que fuera decomisado como consecuencia de una maniobra dudosa por parte de la compañía aérea de Irán Mahan Air a Emtrasur, filial de la empresa estatal de Venezuela Conviasa.
La aeronave, un Boeing 747-300, se encontraba en nuestro país desde junio de 2022, y el magistrado Federico Villena decidió entregarlo tras el visto bueno de la fiscal Cecilia Incardona.
La solicitud había sido realizada por el distrito de Columbia, y luego de la investigación, el juez aceptó la entrega: “El avión está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada de Mahan Air”.
La nave había aterrizado en la Argentina el 6 de junio de 2022 transportando autopartes de Volkswagen y, dos días después, intentó volar a Uruguay para cargar combustible, pero el gobierno del país vecino no le permitió aterrizar.
A partir de ahí, la Justicia argentina retuvo a la tripulación, integrada por 15 ciudadanos venezolanos y cuatro iraníes, quienes fueron liberados días después, tras confirmarse que no cometieron ningún delito. Por lo tanto, se les aplicó la libertad por falta de mérito.
El gobierno de Venezuela acusó entonces a la Justicia argentina de someterse a “intereses” de Estados Unidos, tras ordenar el embargo de la aeronave. A través de un comunicado, el canciller Yván Gil condenó “de manera categórica”, la decisión “servil a intereses imperiales”, que tomó el juez federal Villena.
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