La semana pasada la justicia detuvo a un Comisario de Villa Constitución por un caso de abuso en el ISEP, la escuela de policías de la provincia. Pero la información y la mirada pública, más allá de la aberrante denuncia de una cadete, se posaron sobre un Mercedes Benz C250 Kompressor estacionado en el garage de la vivienda del acusado. RedBoing inició una investigación sobre este detalle no menor para entender por qué un vehículo de alta gama estaba en manos de un funcionario de la seguridad, su procedencia y cómo llegó a ese lugar.
El auto, año 2011 pero costoso por su modelo, antes de llegar a manos del policía Álvaro Rosales era usado por Sebastián Grimaldi, acusado de estafa al Banco Macro y a COFCO, dos empresas grandes que lo denunciaron ante la justicia provincial. Por ese hecho lo detuvieron, y le decomisaron distintos bienes, entre otros el rodado importado, aunque la titularidad no era de él si no que tenía el permiso para manejarlo. Ese procedimiento fue realizado por el fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, Mariano Ríos Artacho.
Los vehículos que son retenidos por la justicia deben ser informados a la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), administrada hoy por Facundo Bessón. El funcionario ratificó que el Mercedes Benz que usaba Grimaldi nunca ingresó bajo su administración, por lo que se desprende que Ríos no lo informó. A partir de allí, se abre la incógnita, ya que los fiscales no tienen la potestad de definir el futuro de los bienes secuestrados.
Ríos Artacho, quien tenía una relación de más de 10 años con Rosales, le entregó directamente el auto de alta gama al uniformado para uso personal sin pasar por la APRAD, lo que constituye una falta en su accionar. Los fiscales, a partir de la creación del MPA y de la implementación del sistema acusatorio, tiene la obligación de informar los bienes decomisados en las causas que lleva adelante, y no pueden disponer y distribuir a su antojo lo retenido a cualquier acusado. El fiscal, en contra de lo permitido, emitió el oficio y se lo entregó a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), donde estaba alojado el auto, para que se lo dieran a Rosales.
Ante el rumor de lo sucedido en los pasillos del MPA, y ante el aviso de algunos colegas del error que había cometido, Ríos Artacho quiso enmendar su falta y emitió un nuevo oficio para que Rosales devuelva el vehículo. En ese momento, de comunicó con las TOE para que le reciban el automóvil nuevamente, aunque le dijeron que no había más lugar. Por ese motivo, le solicitó a Rosales que lo lleve a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicada en el ex Batallón 121, y allí también le negaron la recepción del auto. Por la tarde, después de ese intento fallido, le allanaron la vivienda y lo detuvieron por el caso de abuso.
La APRAD, al margen de no haber sido anoticiada del decomiso del Mercedes Benz, tiene como costumbre llevar a remate a este tipo de bienes de alta gama. Los autos que suele entregarle a la policía son funcionales, sea para patrullaje de inteligencia o pickups para trabajar en operativos. Pero jamás un vehículo de alta gama tan llamativo termina en manos de una Unidad Regional o de alguna fuerza especial.
Lo que aumentó las sospechas de lo sucedido no fue sólo la calidad del auto que estaba estacionado en la puerta de la vivienda de un Comisario, sino por la relación conocida por todo el mundo de la justicia entre el policía y el fiscal. Más allá de que quiso enmendar el error, o la acción dolosa cometida, las suspicacias crecieron y se abrirá una investigación formal detrás del hecho.
La feria judicial pone paños fríos, por ahora, en el hecho, como también el receso de la Legislatura. Pero la auditoría del MPA trabajará en el hecho y luego, si es necesario, habrá una instancia de disciplinamiento en la Comisión Bicameral de Acuerdos, tal lo establece la ley, para ver cuáles serán las consecuencias para Ríos Artacho la acción irregular de entregar un vehículo decomisado a un policía sin pasar por la APRAD.
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