Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de la barra de Rosario Central, quedó en libertad bajo caución este viernes tras haber permanecido en la cárcel más de veinte días, desde su detención el pasado 29 de noviembre en su casa en Ibarlucea. A la resolución la tomó el juez Facundo Becerra, en el final de una larga audiencia en la que también estaban acusados dirigentes de la UOCRA, que sí quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley.
De acuerdo a lo informado a RedBoing por Carlos Varela, abogado defensor de Bracamonte, la caución es de veinte millones de pesos. Además, deberá cumplicar con algunas reglas de conducta como no cambiar su domicilio sin avisar a la justicia, entre otras. El socio de “Pillín” en varias empresas, Fernando Reggiraciolo, también había sido acusado y queda en libertad bajo fianza.
La imputación corrió por cuenta de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos del MPA, que sostuvieron que existió una asociación ilícita entre los integrantes del sindicato, que extorsionaba a empresarios de la región para que contraten dos empresas vinculadas a Bracamonte para la provisión de baños químicos y de viandas para obreros.
Las detenciones y la acusación fiscal
El grueso de las detenciones se habían dado el 29 de noviembre, con evidencia que contaba en ese momento el fiscal de la existencia de una asociación ilícita entre Carlos Vergara, titular de la UOCRA Rosario y el jefe de la barra canalla. Con el correr de los días, de acuerdo a lo que mostró Moreno en las audiencias, se fueron sumando testimonios, muchos de ellos de empresarios que pidieron hacerlo en forma reservada por temor a represalias.
De acuerdo a la trama que reconstruyó Moreno, muchas firmas del cordón industrial eran obligadas por la UOCRA a tomar gente que no necesitaban en las obras que tenían que emprender, para aportar de esa forma plata al sindicato. La maniobra consistía en nombrar como delegados a esos empleados, que así podían faltar al trabajo, para el cual generalmente no estaban capacitados. “Hubo empresas que optaron en no crecer en términos económicos, porque cuanto más grande te hacés más plata te piden”, dijo uno de los denunciantes.
En la teoría del caso planteada por Fiscalía, el gremio nombraba el apoyo de la barra de Central como artilugio para generar temor. Otro mecanismo para recaudar consistía en el cobro de un “libre deuda sindical” que se agregaba en forma informal a uno que ya existe con el mismo nombre, que se obtiene a través del Ministerio de Trabajo. En este caso, era una especie de “peaje” o “coima” que se pagaba en efectivo o con cesión de terrenos a nombre de algún dirigente sindical, para no tener problemas. “Para que te den este documento, tenés que pagar en efectivo a las personas del gremio. La suma varía según el tipo de obra, como mínimo son 300 mil pesos”, sostuvo ante el MPA un empresario que pidió el anonimato. Su declaración se dio después de que los dirigentes de la UOCRA y Bracamonte ya estaban presos.
Además, Fiscalía sostuvo que había presiones para contratar baños químicos y viandas de empresas vinculadas a Bracamonte: “Cuando iniciás una obra tenés que poner un obrador con baño para que los operarios coman; apenas entrás a la planta el delegado te dice a qué empresas contratar, no hay libertad en eso. Los costos son mucho más altos y si no contratás los baños y las viandas en las empresas que te dicen no podés trabajar”, amplió otro titular de una empresa contratista del cordón. Aunque la investigación proseguirá, para el juez no fue suficiente lo presentado en audiencia para aceptar el pedido de prisión preventiva que hicieron los funcionarios del MPA.
El mismo fiscal Moreno había solicitado la detención de Bracamonte en junio de 2020, para acusarlo de lavado de dinero. Tras varios meses preso, finalmente en noviembre de ese año una jueza había determinado la libertad bajo caución del jefe de la barra de Central y un fallo de la Cámara de Casación determinó que el ámbito para seguir con la causa era el de la justicia federal.
En la audiencia de estos días, la defensa de Bracamonte cuestionó que la fiscalía sume aquella causa por lavado a la acusación actual y el juez Becerra aceptó el pedido, entendiendo que ya había una decisión de que sea la justicia federal la que investigue el presunto lavado de dinero del acusado.
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