La Fiscalía de la República Federativa de Brasil decidió abrir una investigación preliminar para estudiar el informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), donde se acusó a Jair Bolsonaro de nueve delitos. El documento, que posee alrededor de 1.300 páginas, propone la imputación de 78 funcionarios por el “mal” manejo de la pandemia.
De acuerdo con las autoridades, la determinación es “habitual” en este tipo de casos, por lo que luego de analizar las pruebas presentadas, el Supremo Tribunal Federal adoptará una postura. Según el escrito, el mandatario del gigante sudamericano debe ser acusado por las siguientes infracciones: comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricato, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad.
Además, se presentarán como evidencia una serie de imágenes del titular del Ejecutivo animando a multitudes, declaraciones contra las vacunas o su apoyo al consumo de cloroquina, un medicamento ineficaz para el tratamiento sobre pacientes enfermos de Covid-19.
Por el momento, el jefe de Estado indicó que las demandas “dejan mal parada” a su Nación y que “es una payasada” que se invierta tiempo en este tipo de cuestiones. “Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia, y eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte”, indicó.
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