Tras una larga audiencia de más de ocho horas en los Tribunales Federales rosarinos, el juez Eduardo Rodrigues da Cruz dictó la prisión preventiva por 90 días y una inhibición de bienes por $1.400 millones para el financista Fernando Whpei, imputado por haber tramado con el juez Marcelo Bailaque y el ex jefe de la AFIP, Carlos Vaudagna, una extorsión en 2019 a dos empresarios. Además, el equipo de fiscales que lo investiga le endilgó haber intervenido en las decisiones de la justicia para favorecerse con la intervención en 2020 de la Cooperativa de Trabajadores de Puerto San Martín, hecho que le permitió manejar en la mutual que tiene junto a su hermano Guillermo un fondo multimillonario que estaba judicializado.

La imputación estuvo a cargo de los fiscales Juan Argibay Molina, de PROCELAC, Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Sergio Rodríguez y Diego Iglesias. Los abogados defensores de Whpei fueron Emiliano Díaz y Sergio De Dossi. Con esta decisión judicial, se va cerrando el círculo sobre el juez federal Marcelo Bailaque, cuya eventual destitución está en manos del Consejo de la Magistratura.

Cabe recordar que Bailaque -que compartió las maniobras extorsivas con el financista Whpei- tiene un pedido de prisión preventiva vigente, que no se concretó por los fueros que lo protegen.

La crónica de la audiencia

La audiencia comenzó pasadas las 13 hs y a Whpei se lo vio llegar elegante, con camisa celeste y campera verde matelassé. En el arranque, sus abogados pretendieron sin éxito recusar a los fiscales. Acto seguido, cuando la defensa empezó su argumentación, intentó esgrimir que el financista no había estado en la reunión gastronómica en casa del juez Bailaque en 2019 en la que el propio Vaudagna -que ya admitió ser imputado colaborador- contó a la justicia cómo se había planeado el delito que llevó a la AFIP y a la justicia a perseguir a dos empresarios rosarinos, Claudio Iglesias y Jorge Onetto, para que Whpei les pida plata a cambio de cerrar la causa.

La evidencia para argumentar que Whpei no había ido a esa cena fue que “le caen mal los mariscos” y que habían comido paella. Así lo dijo su abogado defensor, Emiliano Díaz. No obstante, el juez no tomó demasiado en serio ese planteo y siguió con la audiencia. Una fuente con acceso a la investigación le dijo a Red Boing que los participantes de la cena recordaban que el primer plato pensado había sido una paella, pero que luego habían cambiado por un asado. “Ahora se entiende por qué eligieron otro menú”, dijo la misma voz en un pasillo de los Tribunales.

Luego de escuchar a la defensa, el juez Rodrigues Da Cruz rechazó la recusación solicitada y el fiscal Argibay Molina comenzó desarrolla la imputación: el primer hecho detallado fue la maniobra extorsiva en la que Whpei ofreció a Iglesias -a cambio de U$S 160 mil- gestionar el cierre de una causa judicial que tenía Bailaque.

Esa carpeta judicial había nacido amañada, con la intención de tumbar al extorsionado en su carrera para presidir la empresa San Cristóbal. La forma había sido un anónimo que había llegado a la AFIP -donde mandaba Vaudagna- que a su vez había llevado el texto a los Tribunales Federales, donde rápidamente lo había tomado Bailaque para actuar abriendo una investigación que tomó para sí, algo que no era habitual.

Los gestos y las influencias

En ese rato de la audiencia, cuando se exhibieron fragmentos de la declaración de Vaudagna ante fiscales contando cómo se había tramado la extorsión con Bailaque y Whpei, se escuchó al jefe de AFIP decir que el financista que ahora estaba siendo imputado y que había compartido asados con él había sido elegido para dialogar con los extorsionados, porque era “alguien muy poderoso en Rosario”.

Enseguida, el fiscal detalló que en la pericia al teléfono del mismo Vaudagna habían aparecido chats de 2016 con los empresarios Fernando y Guillermo Whpei, quien aludía en una conversación con él sobre un empleado de AFIP del que hablaban: “Bancalo ahí donde está. Ese no es una joya, pero es nuestro”. Se leía entre líneas que los financistas tenían influencia sobre el manejo del organismo fiscal.

En otro tramo de la imputación, se conoció lo que pasó cuando Iglesias le pidió a Daniel Giraudo -que compartía con Bailaque la pasión por Newell’s- que hablara con el juez para decirle que él tenía todo en regla.

Giraudo había ido al despacho del juez y lo que pasó ese día se supo en la audiencia, en la que se proyectó su declaración. “Quedó todo registrado, porque en la entrada me hicieron dejar el documento. Me reuní con Bailaque y hablamos mucho de fútbol, pero en un momento le pude decir que mi amigo Iglesias tenía todos los papeles en orden. Él me escuchó, pero no dijo nada, cambió de tema”.

Al otro día de ese encuentro, Whpei le dice a Iglesias: “Dejá de mandar gente al Juzgado”. Y siguió pidiéndole plata. Según la investigación de los fiscales, llegó a sacarle en varios pagos 160 mil dólares. El propio extorsionado contó a los fiscales que Whpei le decía: “Yo a esto lo reparto”.

Los teléfonos y los portuarios

Cuando en noviembre pasado se imputó por este tema a Marcelo Bailaque, según contaron hoy los fiscales federales en audiencia, Whpei borró todas sus conversaciones de WhatsApp. Al allanarlo el pasado mes de abril, encontraron que en su teléfono no había charlas previas a noviembre de 2024. Además, se reprodujo un audio suyo a un amigo celebrando que había conseguido comprar varios “celulares encriptados”. Este dato se utilizó luego a la hora de pedir la prisión preventiva. También se explicó que al ser allanado Whpei se le encontró un arma apta para disparo con certificado de uso vencido en 2015.

Luego fue el turno de Federico Reynares Solari, que detalló lo que pasó con la administración de la Cooperativa de Puerto San Martín. Por este mismo tema, también había sido imputado ya Bailaque, el juez que decidió otorgar a la Mutual de Whpei el manejo de más de mil millones de pesos que habían sido inmovilizados tras la detención de Herme “Vino Caliente” Juárez en 2019.

Aquí, el fiscal reveló que Whpei había puesto a tres empleados suyos como asesores del interventor de la cooperativa y en varias charlas había ostentado su amistad con el juez, para influir en la toma de decisiones.

Las cautelares

A la hora de pedir medidas cautelares, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez pidió embargarle a Whpei una embarcación, más las acciones suyas en Grupo Unión, Rosario Difusión y otras empresas. También solicitó inhibirlo por unos $1.400 millones. Luego el fiscal general Diego Velasco solicitó la prisión preventiva.

Al pedir las cautelares, el MPF también mencionó que de quedar en libertad había riesgo de fuga, ya que tiene su propia embarcación y ha volado en los últimos cuatro años casi 70 veces en aviones privados.

El Ministerio Público Fiscal solicitó seis meses y el juez entendió que el plazo adecuado serían 90 días. Sobre el final, hubo un planteo por la salud de la hija de Whpei, que tiene discapacidad. Por eso el financista pidió para sí el beneficio de la prisión domiciliaria. No obstante, el juez Rodrigues Da Cruz entendió que debía quedar preso y que en las próximas 48 horas se verá si el financista puede acogerse a esa excepción.