
El gobierno británico analiza una de las reformas más radicales de las últimas décadas: imponer la castración química obligatoria a pedófilos y violadores reincidentes. La iniciativa fue planteada por la secretaria de Justicia y máxima autoridad judicial del Reino Unido, Shabana Mahmood, quien presentó el proyecto ante la Cámara de los Comunes.
La propuesta forma parte de un paquete de medidas que apunta a descongestionar las cárceles, reducir la reincidencia y reformar el sistema penal. Entre otras reformas, se prevé que los delincuentes condenados a menos de un año eviten la prisión, que se amplíe el uso de tobilleras electrónicas, y que delincuentes extranjeros sean deportados, tras cumplir solo el 30% de sus condenas, y así reincorporarse a las comunidades de sus países de origen.
Mahmood solicitó revisar las leyes médicas que hoy exigen consentimiento del paciente para recibir tratamiento, con el objetivo de habilitar el uso forzado de fármacos que suprimen la libido en casos de delitos sexuales especialmente graves. Hasta ahora, este tipo de tratamiento solo se aplicaba de forma voluntaria en Reino Unido, Alemania y Dinamarca.
El tratamiento se basa en dos tipos de medicamentos: inhibidores de la recaptación de serotonina, que reducen pensamientos sexuales, y bloqueadores hormonales, que suprimen la testosterona. Su aplicación es acompañada por terapia psiquiátrica para abordar causas más profundas de los delitos.
La propuesta surge en medio de una crisis carcelaria. Actualmente, el 21% de los presos británicos cumplen condenas por delitos sexuales, y el Reino Unido enfrenta un grave problema de pedofilia. Según la Agencia Nacional contra el Crimen, podría haber cientos de miles de británicos con interés sexual en menores, una cifra mucho mayor a la estimada inicialmente.
La reforma se basa en 48 recomendaciones elaboradas por una revisión independiente del sistema de sentencias, encabezada por el exministro David Gauke. También contempla la expansión de un programa piloto que ya se aplica en 20 regiones y el desarrollo de una base científica sobre el uso de estos fármacos.
Aunque controvertida, la medida avanza con el respaldo del Tesoro, que ya financió 30.000 nuevas tobilleras electrónicas para implementar las liberaciones anticipadas con monitoreo.
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