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Policiales

Se realizó la audiencia imputativa a los agentes de la Policía de Acción Táctica apuntados por un procedimiento ilegal

estacion policial sur PAT
Foto: Farid Dumat Kelzi

Este viernes se realizó la audiencia imputativa a los agentes que integran la Policía de Acción Táctica (PAT) que estaban implicados por ejecutar un procedimiento ilegal el pasado mes de agosto. Los mismo fueron sindicados como responsables de privación ilegítima de la libertad agravada, violación de domicilio, robo agravado, falsificación de documentos, asociación ilícita y encubrimiento.

Según señalaron los fiscales, los agentes entraron a un domicilio de zona surde manera ilegal a las 16.30 hs, pero recién lo comunicaron a la Fiscalía dos horas después. Según se estableció hoy ante un juez federal, “para procurar su impunidad también consignaron que no había cámaras en las cercanías del lugar”. Además, se informó que los efectivos entraron por la fuerza a un domicilio en la zona oeste de la ciudad y luego en el acta inventaron una persecución que no había existido.

En dicho procedimiento, los agentes de la PAT “habrían sustraído mercadería entre 12 y 15 ladrillos con 1 k de cocaína cada uno, escopetas, un fusil, cuchillos, 50 mil dólares, ropa y celulares de los residentes del domicilio”. Con el procedimiento ilegal, a los tres adultos detenidos el último 13 de agosto se les abrió una investigación en su contra -en base a las circunstancias falsamente documentadas-, se solicitó y se ordenó la prisión preventiva la que duró 45 días. La causa finalmente fue anulada.

Tras la descripción del caso, los efectivos policiales fueron señalados como responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada porque había un mejor, porque eran policías y porque eran varios. Además, violación de domicilio, robo agravado, falsificación de documentos, asociación ilícita y encubrimiento.

La Unidad de la Justicia Federal que hizo la investigación está a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo y los coadyuvantes Soledad García, Andres Montefeltro y María Virginia Sosa. El juez de Garantías fue Carlos Vera Barros.

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