El Gobierno de Santa Fe presentó en la Legislatura un proyecto para sancionar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de reemplazar la normativa vigente desde 1961 y modernizar el funcionamiento de la Justicia provincial. La iniciativa propone incorporar herramientas digitales, fortalecer la oralidad y simplificar los procedimientos para reducir demoras en la resolución de conflictos.
El mensaje lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. El Senado será la Cámara iniciadora del debate legislativo.
La propuesta fue elaborada a partir de un proceso de discusión técnica y académica coordinado por el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. El texto contempla cinco artículos principales y un anexo de 237 artículos que establece las nuevas reglas para los procesos civiles y comerciales.
Uno de los fundamentos centrales de la reforma es adecuar la legislación provincial a los cambios introducidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto de 2015, además de incorporar las transformaciones tecnológicas que modificaron la actividad judicial.
Desde el Ejecutivo sostienen que el sistema actual necesita una revisión integral para contar con procedimientos más claros y coherentes, que permitan resolver los conflictos en plazos razonables y garantizar una respuesta judicial efectiva.
Los siete ejes de la reforma
El proyecto establece siete lineamientos principales para transformar el funcionamiento de los procesos civiles y comerciales.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de una nueva concepción del proceso judicial, orientada a la gestión y resolución de los conflictos, en lugar de concentrarse exclusivamente en la sucesión formal de trámites y actuaciones.
En ese marco, se busca consolidar la oralidad como una herramienta para agilizar los procedimientos y acercar la Justicia a los ciudadanos. La intención es que este mecanismo tenga respaldo en el propio Código y no dependa solamente de prácticas de gestión o instrumentos administrativos.
Otro de los ejes es la transformación digital. La iniciativa incorpora la gestión electrónica a las reglas procesales y adapta la normativa a las modalidades tecnológicas que ya comenzaron a implementarse en los tribunales.
También propone modernizar la producción y valoración de las pruebas, con disposiciones específicas sobre documentación, declaraciones de parte, inspecciones judiciales, informes, pericias y testimonios. El objetivo es contemplar las nuevas formas de comunicación y las relaciones jurídicas que se desarrollan en entornos digitales.
La reforma incluye, además, una simplificación de la estructura procesal, una adecuación de las vías de tutela, nuevas herramientas para ejecutar las decisiones judiciales y mecanismos orientados a mejorar la experiencia de las personas que recurren a los tribunales.
Un intento de reforma que vuelve a la Legislatura
La presentación representa un nuevo intento de actualizar el Código Procesal Civil y Comercial santafesino. En 2019, durante una gestión anterior, el Poder Ejecutivo había enviado una propuesta que incluso llegó a ser discutida en audiencias públicas, aunque finalmente no consiguió convertirse en ley.
Ahora, el Gobierno provincial busca retomar ese debate con una propuesta integral que apunta a modificar las reglas de funcionamiento de los procesos judiciales y adecuarlas a las demandas actuales.
La iniciativa deberá comenzar su recorrido en el Senado provincial, donde se abrirá la discusión sobre uno de los cambios normativos más importantes para la administración de justicia en Santa Fe.
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