“No nos matan porque no quieren, no porque no pueden”. Esa es la frase que más impactó en el seno del MPA. La afirmación despersonalizada puso en tensión a todo el sistema de persecución penal santafesino. La nota en la Revista Noticias del 11 de marzo, titulada “Fiscales en peligro: la violencia narco en Rosario”, agitó la palmera de un Ministerio Público de la Acusación en pleno reacomodamiento interno después de los concursos y en medio de un proceso electoral caliente.
La amonestación impuesta por el nuevo auditor Leandro Mai a dos fiscales por hablar con un periodista ante la recomendación del funcionario de prensa Sebastián Carranza de no hacerlo, encendió las alarmas de los fiscales que intentan descubrir el rumbo que tomará el organismo hacia el futuro.
El nuevo sistema procesal penal de Santa Fe sigue inmaduro. Comenzando el tercer mandato desde sus inicios, no se marcan los límites de participación pública de los fiscales a la hora de divulgar información, ni tampoco hay protocolos específicos respecto al alcance de las medidas que se bajan como órdenes de manera informal desde las direcciones regionales y general del MPA.
En el último lustro, los investigadores se convirtieron en figuras públicas por ser quienes atienden a la prensa narrando los hechos delictivos que ocurren en la ciudad, con el cuidado de no entorpecer las propias causas. El modelo acusador implementado es más transparente que el inquisitivo anterior, en donde le juez de instrucción era el mismo que investigaba y definía las etapas del proceso previo al juicio. Sin embargo, el protagonismo adquirido por los fiscales y el tono discursivo que parece juzgar a los acusados antes de que el tribunal tome la decisión, genera dudas y críticas en muchos actores de la cadena de trabajo en la Justicia.
El equilibrio es necesario. Vimos en algunas causas que fueron esquivas para los fiscales en las que terminaron generándose pedidos de enjuiciamiento contra magistrados que tomaron la decisión de fallar en favor de las defensas. Ese punto es al menos revisable, desde la visión del rol que cumplen en el esquema acusatorio, y sobre las garantías constitucionales por la que deben bregar quienes emiten las resoluciones durante los procesos penales y en los juicios. Lógicamente, hay casos realmente sospechosos en los cuales amerita investigar, pero no puede transformarse en una costumbre que se inicie un proceso de jury automáticamente ante una decisión adversa.
Que puedan o no opinar sobre cómo viven los fiscales su labor cotidiana no debería estar prohibido. Son seres humanos, de carne y hueso, que tienen los mismos temores y precauciones que cualquier ciudadano de a pie. Si una declaración así es tomada en términos políticos en medio de una campaña, por la relación de cercanía de una de las fiscales con un sector partidario, también es responsabilidad de quienes interpretamos entre líneas los hechos violentos que vivimos a diario en la ciudad. Se puso un manto de duda sobre la participación política en el hecho de la balacera al súper del suegro de Messi, también sobre los ataques o amenazas a las escuelas y ahora, como frutilla del postre, a la declaración de 4 fiscales a una revista nacional.
El comunicado emitido por la Asociación de Fiscales de Rosario repudiando la sanción busca poner en tensión esta decisión del auditor. Desde el MPA intuyen que este tipo de discurso para la prensa pone en peligro al colectivo de fiscales que trabajan día a día en causas vinculadas a las mafias que alteran la paz en la región, y es por eso que buscaron elevar una sanción leve, que no pasa de un apercibimiento sin consecuencias concretas ni en el trabajo ni en el salario de ellos. Pero sí es toda una declaración de principios: no se opina más por fuera de las causas sin el permiso de las autoridades.
Resulta curioso un párrafo en donde atacan la labor de los medios de comunicación y de los profesionales que trabajan en las coberturas, sobre todo porque no especifican ni nombres ni las empresas correspondientes. “Se corrobora que algunos medios de comunicación de la ciudad de Rosario de gran alcance, tienen prohibido informar respecto a puntuales investigaciones penales en trámite que por estrictas razones políticas –o de complicidad- le desfavorecen, resultando ello una verdadera censura previa, consentida y no resistida por los propios periodistas locales que hoy rasgan sus vestiduras en defensa de la mentada libertad de expresión”, reza ese tramo, cuestionable desde el punto de vista de la generalización poco feliz para emitir un mensaje apuntado a algún descontento con un sector de la prensa local.
María Eugenia Iribarren y María Cecilia Vranicich, fiscales regional y general respectivamente, están diseñando un nuevo plan de gestión. La idea, se intuye, es dejar correr el agua electoral para luego reorganizar las fiscalías y poder reclamar más recursos, sobre todo para llenar las fiscalías de profesionales que puedan apuntalar el trabajo de los funcionarios. La intención que se divisa es bajar el tenor de las declaraciones y la exposición del MPA, para, en silencio, poder darle una vuelta de tuerca a las tareas que se deben llevar adelante desde el organismo. Todas las luces se las llevan las causas complejas vinculadas a las bandas narco, pero hay un sinfín de delitos que se investigan y que no poseen las herramientas para abordarlos. El futuro develará si hay un cambio de época o si fue un simple tirón de orejas.
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