Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se comunicó este lunes en forma telefónica con Aníbal Fernández, responsable de la cartera de Seguridad en el gobierno nacional y le solicitó que en forma inmediata se incrementen las custodias para jueces y fiscales federales en territorio santafesino.
El dato fue confirmado a RedBoing por fuentes de la Corte. Y el pedido de más seguridad llega tras los mensajes intimidantes que recibieron la última semana los doctores Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo. Uno es juez federal de Venado Tuerto y el otro es fiscal federal de la misma localidad. Además, la Asociación de Magistrados manifestó su solidaridad por este tema.
Los textos de WhatsApp que llegaron a Cuello Murúa y Arzubi Calvo salieron desde un número con característica de Rawson, por lo que los investigadores manejan la hipótesis de que el autor de las amenazas fue un preso de la cárcel ubicada en esa ciudad patagónica.
“Instamos enérgicamente a las autoridades nacionales y provinciales a que adopten todas las medidas conducentes, no sólo para prevenir cualquier episodio que pueda llegar a resultar lamentable y que derive en responsabilidad internacional del Estado Argentino, sino para hacerlos cesar de manera inmediata, identificando a sus posibles autores a los fines de que los tribunales que correspondan determinen sus eventuales responsabilidades penales”, había planteado el pasado viernes la Asociación de Magistrados. En el mismo sentido, se emitió un documento de las tres listas internas de la institución.
En ese marco, Rosatti llamó el fin de semana a Cuello Murúa y este lunes a Aníbal Fernández. Con el juez de Venado se solidarizó y con el ministro de Seguridad de la Nación lo que hizo fue solicitarse que en forma inmediata se garantice “más protección a jueces y fiscales en Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe y Reconquista”.
El contexto
Varios objetivos judiciales han sido blanco en este tiempo de atentados por parte de bandas que son responsables de haber hecho crecer la violencia en las calles de Rosario. Grupos que la justicia federal debe investigar por vinculación con el narcotráfico, que en la disputa por el territorio para la venta de drogas cometen otros delitos, como balaceras, extorsiones y homicidios, que persigue la justicia provincial.
En ese marco, fueron baleados los Tribunales Federales en septiembre pasado, por un hombre que insólitamente llegó caminando hasta el edificio de Boulevard Oroño al 900, para irse también a pie. Unos días después, se logró su detención y se supo que el instigador del hecho había sido René Ungaro, preso en una cárcel federal.
No obstante, los hombres y mujeres que trabajan en la justicia provincial fueron los más atacados en los último años: hubo balaceras contra el Centro de Justicia Penal de Rosario, ataques contra casas de jueces de ese fuero e inclusive dos atentados contra una funcionaria del MPA que colaboraba en la investigación contra Esteban Alvarado.
En esta línea, RedBoing consultó a fuentes de la Corte si el pedido de Rosatti a Aníbal Fernández también alcanza a edificios y funcionarios de la justicia provincial. “Por el momento, la solicitud fue para el fuero federal”, se informó.
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