El debate sobre la conformación del espacio público, opinión publica y medios de comunicación, tiene sus comienzos a fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, conjuntamente con el inicio de la modernidad. La penetración en la sociedad de las ideas políticas del pensamiento clásico -tomado este como crítico y reformador- fue la condición necesaria para un cambio en la legitimación del orden político, al cuestionar al régimen anterior. Nuevas ideas comienzan a circular en los formadores de opción pública y así se fueron erigiendo pequeños espacios de discusión critica, formadores de opinión, que fueron nucleando a quienes intentaban expresar públicamente sus ideas, cuestionando al orden existente.
En fin, hoy como ayer son tiempos de debate, de discusión, de deliberación sobre los límites que deben pactarse entre la sociedad y la política.
La repetida retórica de políticos que recorren los medios de comunicación apelando a la -responsabilidad institucional- se transformó en una muletilla histriónica, que deja al descubierto un gran desconcierto. Naturalizado su uso y vacío de contenido, esta categoría de análisis debería ser hoy, la piedra fundacional. Sin duda alguna, urge repensar esta categoría y definirla, para asignar a cada institución una responsabilidad que de ninguna manera es igualitaria, ni social ni política y mucho menos mediática; porque el incumplimiento de dicha responsabilidad no es equivalente para todas las instituciones. Los poderes constitucionales del estado son tres y sobre ellos debe recaer el peso de la responsabilidad institucional primariamente. La falsa antinomia entre privado y público hace deslindar responsabilidades. Indudablemente las instituciones políticas, religiosas, educativas y por supuesto los medios de comunicación deben ser responsables, pero desde diferentes perspectivas, y aún cuando el objetivo no sea nítido, aun así no sería determinante.
De las reflexiones anteriores surge el carácter irreductible de la responsabilidad institucional del estado y materializado en un estado democrático y la división de sus tres poderes, fundamentalmente.
Resulta discordante, quienes levantan las banderas acusatorias creen que son los auténticos depositarios de una argentina ideal, pero paradójicamente y para la mayoría de la sociedad son ellos, como nadie, los que contribuyeron a demoler, bajo una máscara de igualdad popular, las llamadas responsabilidades institucionales. Así el lenguaje se hace eco de la seducción y refiere a la falsa representación que tenemos de las instituciones y acá es donde debería aparecer la reflexión, ya que en la practica este significado suele ser confuso.
La frustración, el abatimiento y la desorientación de la sociedad como sabor dominante hizo proyectar tal vez, la responsabilidad en instituciones que ciertamente son incapaces de construir un proyecto político de estado, porque su objeto claramente no es tal. El resultado más visible de esta disociación es el debilitamiento que sufre la representatividad de las instituciones políticas. Al mismo tiempo los partidos políticos se conciben cada vez más como empresas, mientras las demandas sociales pueden expresarse por fuera y diferenciándose de ellos.
La responsabilidad institucional exige definición y prioridades. Lo esencial es sin duda la necesidad de definir nuevamente esta responsabilidad, porque toda relación social implica una relación de poder y no existen relaciones sociales ni políticas horizontales. Las instituciones toman decisiones que deben ser reconocidas como legitimas y de ahí su responsabilidad. Y a modo de cierre de estas líneas queda un interrogante ¿Es la misma responsabilidad institucional la que le cabe a la política que a los medios de comunicación?, reflexionemos.
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