El despacho del juez federal Marcelo Bailaque fue allanado por efectivos de Gendarmería Nacional durante la mañana de este jueves por disposición de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El procedimiento se llevó a cabo en el edificio de Boulevard Oroño al 700, donde se procedió a incautar documentación y el teléfono móvil del magistrado. Además, se allanó el domicilio de uno de los secretarios del magistrado, al que también se le secuestró el teléfono.
“Hay varias causas paralelas con Bailaque como un mismo hilo conductor. Por un lado, venía bajo la lupa por la aparición de Gabriel Mizzau como contador que compartieron él y el narco Esteban Alvarado, al que debía investigar. Recordemos que ya tiene un trámite disciplinario abierto en el Consejo de la Magistratura, sospechado de haber dilatado investigaciones contra ese mismo narcotraficante. Ahora aparece en una investigación de PROCELAC por delitos económicos, en la que parece que la lentitud para moverse con otros temas, no se repetía en este tema. Y en poco tiempo puede haber una sorpresa con otro expediente más que está en curso”, le dijo a Red Boing una fuente que conoce los pasillos del Federal.
Además de Bailaque, también fueron requisados otros funcionarios de primera línea. Uno de ellos fue Carlos Andrés Vaudagna, de la dirección Regional Santa Fe (SDG OPII) de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Antes de este operativo, el Consejo de la Magistratura ya tenía avanzado un trámite contra Bailaque iniciado en abril pasado, que podría terminar con su destitución. Se trata de un expediente que se abrió por la denuncia de dos fiscales del MPA de Rosario -Luis Schiappa Pietra y Matías Edery- por las demoras del juez federal para intervenir en 2013 los teléfonos de una banda narco rosarina. La diputada provincial Lionela Cattalini es otra de las denunciantes del cuestionado juez y prestó declaración el mes pasado ante el Consejo.
“Ahora la sospecha es que Bailaque formó parte de un entramado en el que operadores judiciales a apretaban a empresarios. Si no arreglabas, te hundían en la justicia con una causa y si arreglabas, zafabas. Por eso se allanaron también varias sedes de la DGI en Rosario y en Santa Fe. Es una investigación por extorsiones”, reveló en off otra fuente que sigue de cerca el trabajo de la PROCELAC.
Foto: Farid Dumat Kelzi
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