Quién es Raúl Gramajo, senador hace 27 años y señor feudal del norte santafesino

Cuando ingresó a la Legislatura como senador, el dólar valía un peso. Fue en 1995, hace ya 27 años. Pasaron Obeid, Reutemann, tres gobernadores del socialismo y ahora está Perotti al frente de la provincia, pero una de las 19 bancas en las que se sancionaban leyes en territorio santafesino fue de él: Raúl Gramajo, el dirigente que supo construir un importante espacio de poder representando a los menos de 30 mil habitantes que tiene el Departamento 9 de Julio.

En la semana que pasó, su nombre volvió a estar en agenda. Es que en la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, se votó una propuesta para archivar la denuncia que había presentado Armando Traferri contra los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. Y el senador que tiene apellido de revuelto, decidió bancar a su compañero de bloque sanlorencino, votando contra los funcionarios del MPA.

El proyecto había sido presentado por la diputada Lionela Cattalini y fue apoyado por Maximiliano Pullaro, Clara García, Fabián Bastía, Gabriel Real y Lisandro Enrico. La votación salió 6 a 2, con la negativa de los senadores Rubén Pirola y el inefable Gramajo, que además preside esa Comisión de Acuerdos, la misma que debe aprobar los ascensos de los jueces.

Cuando supo que había sido archivada la denuncia, Schiappa Pietra dialogó con Red Boing y señaló sobre la situación de Traferri: “Acá hubo un senador que no se puso a disposición de la justicia y que en lugar de presentarse a los llamados judiciales, nos denunció a nosotros con una presentación que era un disparate jurídico, por eso era esperable que termine así. Lo grave es que no se pueda investigar la corrupción y que la provincia de Santa Fe siga siendo la única del país con la debilidad institucional que implica que los senadores sean jueces de nuestro trabajo como fiscales. Pero esto va mucho más allá de nosotros, está visto que el régimen disciplinario no permite avanzar en procesos investigativos. Debería existir autonomía del Ministerio Público de la Acusación. Y hay un sector de los senadores, cercanos a Traferri, que evidentemente no quiere que cambie el sistema actual“.

Pasaron seis gobernadores distintos desde 1995. Casi tres décadas desde que Gramajo asumió por primera vez como senador.

Las evidencias contra Traferri

Cabe recordar que en 2020, en el marco de la investigación que llevaron adelante Schiappa Pietra y Edery por el asesinato de un apostador que había salido a fumar al balcón del Casino City Center, los fiscales detectaron que el crimen se había dado por aprietes mafiosos de un sicario vinculado a Los Monos. Y al seguir el curso de la investigación verificaron que funcionaba en la provincia una red institucional que estaba protegiendo el juego ilegal. Y entre las personas que presuntamente cobraban coimas, surgieron evidencias contra el senador Armando Traferri.

Los fiscales quisieron llevar al legislador a la justicia, pero amparado en sus fueros Traferri se negó a presentarse para dar una declaración indagatoria. Y contraatacó con una denuncia contra quienes lo habían investigado, aludiendo que se habían intervenido sus teléfonos sin orden judicial.

Los fiscales del MPA resolvieron rápidamente lo dicho por Traferri al explicar que el teléfono interceptado por la justicia había sido el del capitalista del juego ilegal, Leonardo Peiti. Y que en ese marco habían aparecido mensajes en los que se hablaba de reuniones con el senador y entrega de dinero. También se habían sumado a la causa los impactos de antena de encuentros en Rosario y en San Lorenzo entre Peiti y Traferri.

Minutos antes de una esas reuniones, el 8 de de septiembre de 2017, en un mensaje de WhatsApp a su mujer, Peiti decía: “Ya cambié los dólares, ahora me encuentro con el Pipi para dárselos”. En total, según confesión de Peiti ante la justicia como imputado colaborador, habrían sido 250 mil dólares los aportados a la política para conseguir protección.

De lo dicho se deduce que había suficientes elementos para indagar a Traferri, escondido en los fueros que le otorga una Constitución sancionada en 1962. “Eran tiempos de proscripciones y dictaduras en el país. En ese momento, se pensó en los fueros para que un senador no sea perseguido políticamente por sus opiniones, no para que eviten ser citados por la justicia por la presunta comisión de un delito”, planteó sobre este tema la diputada provincial Matilde Bruera.

En la citada nota con Red Boing luego de archivada la denuncia de Traferri, el fiscal Schiappa Pietra amplió: “Nosotros ahora seguiremos por el camino de la apelación que hicimos ante la Corte Suprema de la Nación, que debe expedirse sobre la constitucionalidad de lo que está pasando en Santa Fe”.

Al medio sonriente, Traferri. Sentado a su izquierda, Gramajo.

¿Abuso de poder?

Antes de esta decisión de archivar la denuncia de Traferri contra los fiscales, se dio un episodio hasta ahora no conocido públicamente, que puede terminar trayendo complicaciones judiciales a Gramajo. Es que valiéndose en forma abusiva de su rol como senador provincial, envió un texto al Juez Federal Carlos Vera Barros, solicitándole acceso a una declaración que formaba parte de una causa judicial.

En el escrito, al que pudo acceder Red Boing, Gramajo le decía a Vera Barros que debía confirmar si era cierta una información periodística que daba cuenta de un interrogatorio de Edery a un sospechoso de organizar el tráfico de drogas en San Lorenzo, que se había realizado -según una publicación web- de manera irregular.

Todas las actuaciones del fiscal estaban debidamente notificadas ante el MPA y lo publicado en ese portal en una nota que no llevaba firma de ningún periodista había sido un error -o una operación contra Edery-. Sin embargo, valiéndose de ese dato no chequeado, Gramajo pedía Vera Barros que le enviara copias de sus actuaciones. Y la justificación era que esto se daba “en el marco de un procedimiento disciplinario abierto” contra el fiscal.

Pero no había tal procedimiento disciplinario. Esto fue debidamente notificado por María Eugenia Iribarren -fiscal regional interina- y Jorge Baclini -fiscal general de la provincia- a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. Y en este sentido, fue ilegal el pedido de información que hizo Gramajo a Vera Barros y por ello se le podría iniciar una presentación en su contra: la figura que podría caberle es la abuso de poder.

El escrito que envió Gramajo al juez Vera Barros.

¿Los subsidios a su familia?

La última vez que Gramajo habló públicamente sobre sus ingresos fue en nota con Nacho Russo en Radio Boing, en septiembre de 2021. Esa vez, indicó que su salario como legislador era de 308 mil pesos mensuales, más una serie de ítems vinculados a su antigüedad de casi tres décadas y su formación como abogado. Además, explicó que como senador maneja un fondo para repartir en forma de subsidios y se refirió a los fueros que le permitieron a Traferri esquivar a la justicia. El dato de color ese día fue que Gramajo decidió cortar la comunicación en medio de la entrevista, cuando se le preguntaba por el destino de los subsidios.

Los senadores santafesinos cuentan con un mecanismo que les permite entregar ayudas con fondos estatales que son repartidos en los Departamentos que cada uno representa. Se otorgan a instituciones o asociaciones civiles. La suma que maneja cada legislador es de poco más de 3 millones de pesos mensuales, a razón de 110 mil pesos por día.

Por manejos irregulares de esos subdisios, Gramajo y otros senadores fueron denunciados penalmente en 2015 por Jorge Boasso. El entonces concejal rosarino había verificado que no existián informes detallados del destino de cada subsidio. Pero cuando logró obtener datos, pudo relevar que varios senadores otorgaban las ayudas a gente de su propio entorno.

En el caso de Traferri, por ejemplo, una de la instituciones que recibía ayudas era San Lorenzo Solidaria. La dirección de esa Fundación era la misma que tenía la empresa de construcciones Dogma SRL, que entre otras actividades es contratista de obra pública y está vinculada con el senador, con su hijo Mario como presidente.

Mario Traferri abraza a su papá Armando, en la fiesta de Dogma, la empresa de la familia que funcionaba en la misma dirección que San Lorenzo Solidaria, la fundación que recibía subsidios.

La denuncia de Boasso también habló de Gramajo. “Ha otorgado 44 subsidios en 42 meses, durante los años 2013 al 2015, a la Asociación Ayuda Social Tostado CUIT 30-67441075-8 con domicilio fiscal en calle Balcarce 1215 de la ciudad de Tostado. La Inspección General de Personas Jurídicas, Fiscalía de Estado, de la provincia de Santa Fe informa que se autorizó el funcionamiento de la mencionada Asociación el 12 de Noviembre del año 1996, y que: a): la Presidenta de dicha Asociación Nora Mirta Frasinelli de Gramajo DNI 12.019.016, es la esposa del senador, quien a su vez es Coordinadora General de la Cámara de Senadores desde hace 18 años, con afectación a su esposo b) el Tesorero (actual) es el Sr. Bertolino Sergio José DNI: 13.894.562, asesor del Senador Gramajo con cargo de Jefe de Departamento de la Cámara de Senadores desde hace 12 años; c) el domicilio legal de la Asociación es en calle Balcarce 1215 de la ciudad de Tostado, que es domicilio real del Senador Gramajo”.

Traducido al criollo, los subsidios del senador iban a parar a una ONG creada al año siguiente de su llegada a la Legislatura, con su mujer como presidente y un asesor suyo como tesorero. Una pinturita.

Fragmento de la denuncia penal de Jorge Boasso.

Aquella denuncia penal de Boasso tuvo que dividirse en partes, según el territorio de cada senador: los datos que correspondían a senadores del sur santafesino -como Traferri- vinieron a la Fiscalía en Rosario y la de aquellos que involucraba a los del centro norte provincial, a otras Fiscalías.

Al senador sanlorencino lo “salvó” Patricio Serjal, que cuando fue Fiscal Regional decidió cerrar la causa. Aunque en 2021 la investigación fue desarchivada.

¿Cuáles fueron las razones para que pase esto? Es que Serjal, que había ordenado no investigar a Traferri por los subsidios, luego fue imputado por ser parte de la misma red que protegía el juego ilegal, como el propio senador y como otro fiscal, Gustavo Ponce Asahad. Por ello la doctora María Eugenia Iribarren, que ocupa en forma interina el cargo tras la ruidosa salida de Serjal, decidió reabrir la causa.

“Esa causa que implicaba a distintos senadores se había separado y remitido a diferentes partes de la provincia. Yo decidí reabrir lo que es referente a la denuncia contra Traferri, que era la que se tramitaba en Rosario y se había archivado. Está asignada ahora a los fiscales Moreno y Narvaja”, le dijo hace poco a Red Boing.

La parte de la denuncia que debía revisar los subsidios de Gramajo cayó en la Fiscalía de Rafaela, donde actuaron el fiscal Vigo y su entonces jefe, Carlos Arietti. Ambos decidieron cerrar la causa en marzo de 2017. “No había elementos para continuar la investigación”, dijo Arietti.

Un mes más tarde, la Comisión de Acuerdos que presidía el mismo Raúl Joaquín Gramajo -que votó a favor- aprobaba la designación de Carlos Arietti como fiscal Regional de Santa Fe. En la misma sesión, se decidía que el reemplazo de quien se iba a la capital iba a ser Diego Fernando Vigo, ahora ascendido a jefe de la Fiscalía de Rafaela. ¿Devolución de favores?

En esos días, el propio Arietti le confesó a Rosario/12 que había sido visitado dos veces por Gramajo luego de presentada la denuncia en su contra por los subsidios. “¿Usted interpretó esas visitas como una presión?”, se le preguntó al ahora Fiscal regional de Santa Fe. Y Arietti contestó: “No, si hubiese sido así yo tendría que haber hecho una presentación, así que no“.

Boasso también había encontrado “manchas” en la entrega de subsidios de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias), que también es compañero de bloque de Traferri y votó contra los fiscales la semana pasada en la Comisión de Acuerdos. Los otros señalados fueron Hugo Rasetto (UCR-Iriondo), José Baucero (PJ-San Javier) y Jorge Henn -por entonces vicegobernador de Bonfatti y a cargo de la Cámara Alta- por la implementación del mecanismo de subsidios.

Vale la pena recordar a propósito de este tema que cuando Boasso pidió información al Tribunal de Cuentas Provincial, se le contestó por escrito que no podían responderle a la solicitud porque la Legislatura se encontraba “fuera de su ámbito de aplicación”. El titular del organismo que debe controlar los números es Oscar Biagioni, que antes de conseguir el cargo como presidente del TCP fue el asesor principal de Traferri en el Senado. Amigos son los amigos y más en la provincia de Santa Fe cuando se trata de los integrantes de un círculo rojo de poder político que perdura en el tiempo, más allá del color político que gobierna.

Jueces de los fiscales

En 2017, impulsada entonces por los senadores Armando Traferri, Felipe Michlig, Lisandro Enrico y Emilio Jatón (actual intendente santafesino) se sancionó la ley 13.695, que determinó un control político del Ministerio Público de la Acusación. La norma, que se agravó con una ley de 2018 que retocó el esquema, creó un régimen displinario que convierte a los legisladores en jueces de los fiscales.

Aquella “ley antifiscales” se había dado en el contexto de las denuncias por el destino de los subsidios. Y quien estaba en la Fiscalía Regional de Rosario en ese 2017 era el mismísimo Patricio Serjal. Nombres que se repiten y actitudes que dejan en claro los intereses que se defienden.

En 2021, la diputada provincial Matilde Bruera presentó un proyecto de ley para derogar el Régimen Disciplinario único en el país, que le otorga a los legisladores la facultad de destituir a los fiscales. Este año fue el también diputado Palo Oliver quien sumó otra iniciativa con el mismo fin.

En marzo de 2022, la Asociación de Fiscales se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar un mecanismo que le da a la Legislatura la “facultad exclusiva” de “amonestar, suspender y destituir” fiscales: “El sistema justicia quedó absolutamente subordinado al poder político. Algo nunca visto. Ningún país tiene un sistema así. Y a las fiscales de Santa Fe nos quedó muy claro el mensaje: a quién se puede investigar y a quién no”, planteó la doctora Gisela Paolicelli, como presidenta de dicha asociación.

Otra de las iniciativas para terminar con el régimen disciplinario fue presentada por la diputada del socialismo, Lionela Cattalini: “El actual sistema disciplinario conlleva un conflicto de poderes que debilita la calidad democrática. El MPA tiene que ser lo más autónomo posible, no puede depender de ningún otro poder exclusivamente y mucho menos recibir presiones para ejercer sus funciones”, dijo cuando dio a conocer el proyecto.

El proyecto presentado por Bruera en 2021.

El proyecto presentado por Palo Oliver este año.

Todo queda en familia

Antes de finalizar el recorrido, conviene hacer una aclaración. Que de paso sirve para entender la paradoja del poder político que pudo construir en la provincia un senador departamental al que votan menos de diez mil personas y con chances de reelección indefinida.

Veamos: en las elecciones de 2007, el intendente de Villa Minetti, Hugo Terré, le ganó las internas del Frente para la Victoria a Gramajo. Y se quedó en ese período con la banca en la Cámara Alta. ¿Cómo salió la votación? 5772 votos a 4334, menos que en la votación para elegir autoridades en un club de fútbol.

En esos cuatro años, el protagonista de esta nota habría ejercido como secretario de un juzgado, según confía una fuente inobjetable a Red Boing. Y en 2011, ahora sí, otra vez a la Legislatura como senador.

La esposa de Gramajo trabajó como asesora suya en la Cámara Alta. En marzo de 2019, cuando vecinos de la pequeña localidad de Tostado se animaron a denunciar que el legislador había acomodado a su familia, el senador se defendió: “Nora me está ayudando, colaborando. En el mes de mayo ya se retira porque se acoje a la jubilación”. La referencia era a Nora Frasinelli, su mujer y asesora.

Antes, en julio de 2012 y durante la gestión de Bonfatti como gobernador, el decreto Nº 1717 designó en la Dirección General de Despacho y Decretos del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado a Carolina Gramajo, la hija del senador.

En 2019, de paso vale recordar, Raúl Joaquín Gramajo jugó en el norte santafesino para el Frente Progresista, como en 2015 había armado una lista localista (“Unión Celeste y Blanco”), que había jugado para Cambiemos. Un transversal de la política.

Este rápido repaso por situaciones vinculadas al senador del norte santafesino no puede olvidarse de lo que pasó en diciembre del año pasado, en la Legislatura provincial. Ese día, según relató el periodista David Narciso, se tiraron broncas entre dos senadores: Eduardo Rosconi y Raúl Gramajo.

En la sesión, apareció el dato de que la hija de Gramajo, Carolina, había sido designada titular del Registro Civil de Casilda. Y Rosconi cuestionó: “Parece que le empezaron a pagar a los muchachos”, ironizando sobre el apoyo del bloque Juan Domingo Perón -que comparten Traferri y Gramajo- al proyecto de presupuesto provincial.

Red Boingintentó consultar en Casilda por la hija de Gramajo, pero en el Registro Civil no la tenían vista. “Parece que no viene nunca”, soltó un periodista local que pidió reserva. Enseguida, aportó otro dato: “El decreto de nombramiento todavía no salió y sigue en su cargo en Santa Fe”.

Otra fuente consultada dio más pistas sobre el presente laboral de Carolina Gramajo: “Trabaja en la privada del Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Estaba ahí desde antes que llegue él”. Su padre, mientras tanto, controla la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, que debe aprobar los pliegos de los jueces y sus ascensos.