Carlos Vaudagna, ex titular de AFIP en Rosario y en Santa Fe, admitió ante la justicia federal haber cometido graves delitos económicos. Lo hizo en calidad de arrepentido en una audiencia que duró casi nueve horas, en presencia de los fiscales que lo vienen investigando en varias causas. El ex funcionario aseguró haber favorecido a importantes empresarios de la provincia para evadir impuestos y haber participado de una extorsión junto al juez Marcelo Bailaque.
La investigación a Vaudagna se inició a mediados de 2023, cuando la Directora de Sumarios de AFIP denunció a Vaudagna y a más funcionarios por violación de secreto, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. También había datos de una presunta connivencia del poderoso jefe de AFIP con integrantes del Poder Judicial. Luego se sabría que se trataba de Bailaque, el cuestionado juez rosarino que enfrenta un tramite disciplinario en el Consejo de la Magistratura que puede terminar con su destitución.
De acuerdo a lo que trascendió, quien fue jefe del organismo de recaudación en Rosario y en Santa Fe durante casi diez años reconoció haber intervenido para favorecer a Nahuel Caputo, dueño del diario El Litoral y a Omar Scarel, ex titular de Vicentín. Entre las causas por las que se investiga a Vaudagna también aparece nombrado un empresario de la construcción de la capital provincial, Ricardo Mallozi y el responsable de una fábrica de hielo de Colastiné, Néstor Bermúdez. A estos últimos, se les habrían archivado casos que se habían iniciado con presencia de inspectores de AFIP. “Una oportuna llamada a Vaudagna lograba que se cierren las investigaciones. En situaciones como esas, habría admitido el cobro de coimas de 30 actores diferentes”, reveló una fuente con acceso a las causas.
En enero pasado, con la lupa de los fiscales sobre su espalda y un procesamiento judicial en curso, Vaudagna había tramitado una licencia psiquiátrica ante la ahora denominada ARCA. Cabe recordar que desde que se le había abierto un expediente por una investigación en su contra en Reconquista, al contador se lo había trasladado a la dependencia de Río Cuarto, Córdoba. Ahora, tras su declaración ante los fiscales, el ex funcionario de AFIP debe esperar que se confirmen sus dichos y homologuen con un acuerdo abreviado ante un juez. La expectativa es que por haber colaborado con la justicia como arrepentido, se disminuya la pena en expectativa por sus delitos.
El juez Bailaque, más comprometido
Un capítulo especial de lo aportado por Vaudagna en su declaración es el referido al juez federal Marcelo Bailaque. El ex funcionario admitió haber sido parte de una maniobra para perjudicar a Claudio Iglesias, de San Cristóbal Seguros. Una denuncia anónima lo complicó ante la justicia, señalando que junto al financista Jorge Oneto manejaban una mesa de dinero que contaba con información privilegiada de la AFIP. Allí el polémico magistrado rosarino, en noviembre de 2019, ordenó allanar las oficinas y el domicilio de Iglesias que aspiraba a lograr la presidencia de la aseguradora, chance que perdió en ese contexto por el escándalo que se generó con la trama judicial.
Lo que aporta ahora el ex funcionario de AFIP es que aquella causa -que Bailaque había tomado para sí y que cerró dos años después sin motivo claro- tenía el trasfondo de una extorsión contra el empresario de la aseguradora.
Entre tanto, Bailaque había pedido que los expedientes que lo tienen como investigado pasen al sistema judicial viejo, en el que el avance del proceso se hacía por escrito y quedaban en manos de un juez. El trámite llegó hasta Casación, que por ahora mantiene la carpeta en manos de los fiscales, con el sistema nuevo y con audiencias orales. Cabe recordar que hay otra polémica en este tema, que es la falta de un magistrado que se haga cargo de la causa: Salmain quedó afuera tras ser recusado por los funcionarios del Ministerio Público por tener vínculos personales con Vaudagna y Vera Barros se excusó por su relación con el propio Bailaque, su par procesado. Un verdadero intríngulis ante un caso inédito y de gravedad institucional de la justicia federal rosarina.
Marcelo Bailaque es el titular del Juzgado Federal 4 de Rosario. Nació y se crío en la zona sur de la ciudad e hizo carrera judicial en la provincia de Santa Cruz, para luego ser postulado hace ya un par de décadas para el cargo por el entonces presidente Néstor Kirchner, con quien el juez jura que no tuvo relación personal. En su momento, los organismos de derechos humanos plantearon controversias por el manejo de las causas en los juicios por la verdad. Más adelante, desde del MPA señalarían que tuvo una llamativa demora para intervenir líneas telefónicas que podían comprometer a Esteban Alvarado en 2013, cuando varios informes de la Policía de Seguridad Aeroporturia advertían de la urgencia de investigar al narco ahora preso en la cárcel de Ezeiza.
“Rosario se hubiera ahorrado mucha sangre si esa decisión judicial llegaba a tiempo”, dijeron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en 2021 en el juicio en el que se condenó a Alvarado a prisión perpetua. En esa instancia, los funcionarios del MPA que elevaron la queja al Consejo de la Magistratura, que abrió un expediente contra Bailaque. A ese trámite, se le sumó este año una presentación de la diputada provincial Lionela Cattalini, con la denuncia de que el juez comparte contador con el mismo líder narco criminal al que omitió investigar. “Cuando tuvo en su juzgado los archivos de las empresas con las que Alvarado lavó dinero firmados por su propio contador, Gabriel Mizzau, debería haberse excusado y no lo hizo”, señaló la legisladora.
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