El financista rosarino Luis Herrera, imputado por decenas de casos de estafa que suman unos 30 millones de dólares, seguirá con la prohibición de salir del país y otras medidas cautelares durante un año más. Así lo determinó la jueza Paola Álvarez tras escuchar el último viernes los argumentos del fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos del MPA, en audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario al cumplirse dos años desde la detención del acusado, que cumple prisión domiciliaria.
Las maniobras de Herrera que detectó el MPA se originaron -según la acusación- cuando en 2017 empezó a tomar dinero de pequeños ahorristas que le fueron confiando fondos con la promesa de obtener tasas de retorno de dos dígitos en dólares. En base al prestigio que tenía el reconocido financista con años de experiencia en el sector y expresidente del Rofex, mucha gente entregaba su plata y se metía en lo que el fiscal denominó como una “estafa piramidal”.
En noviembre de 2022 y tras casi un año de trabajo en la búsqueda de información, la Fiscalía emitió una orden de detención contra Herrera cuando ya contaba con 85 denuncias por el dinero de ahorristas que no aparecía. Ese día, personal de la AIC detuvo en su casa en Alberdi al financista, que pasó unos días preso y luego quedó imputado junto con su esposa y dos de sus hijos, acusado por estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos. Y una vez que la investigación tomó estado público, se habrían sumado unos 200 casos más.
Pocos días después, Herrera conseguía medidas alternativas a la prisión preventiva y fijaba domicilio en las afueras de Rosario. Y la investigación debía continuar hasta la llegada del juicio. Desde aquel momento pasaron dos años, pero la cantidad de denuncias y la complejidad del caso obligaron al MPA a pedir más plazos: por eso se pidió la prórroga durante un año de las medidas cautelares: una caución de tres millones de dólares, la entrega de su pasaporte para que no pueda salir del país y presentarse cada dos semanas en Tribunales.
La evidencia recolectada por el fiscal Moreno mostró que Herrera y sus familiares tomaban dinero prometiendo a los ahorristas que se iban a destinar a inversiones en un fondo común de inversión de renta fija, pero en realidad “jugaban” con esos dólares o euros en efectivo por fuera de la normativa tributaria, de la legalidad que rige el funcionamiento de las entidades financieras y de la supervisión de la Comisión Nacional de Valores.
La acusación del MPA plantea que en lugar de trabajar con agentes habilitados por la ley de mercado de capitales, Herrera derivó el dinero de sus ahorristas a préstamos, cambios de cheque, cambio ilegal de divisas, o se los apropiaba directamente en beneficio de él mismo y su familia.
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