La fiscal santafesina Cristina Ferraro fue procesada por la Justicia Federal por encubrimiento en la causa del homicidio de Hugo Oldani, financista asesinado el 11 de febrero del 2020. La funcionaria enfrenta los cargos después de la investigación del Fiscal Federal Walter Rodríguez, que la acusa de haber interferido en el accionar policial en las primeras diligencias y después haber acompañado a los familiares del fallecido y permitido retirar una millonaria suma de dinero del local comercial donde funcionaba la casa de turismo, pantalla de una cueva financiera.
Llama la atención la diferencia de criterio con la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación, que entendió que cometió “errores administrativos” en sus funciones y que merecía una suspensión de dos meses en su cargo. También la visión fue distinta desde la Legislatura santafesina, en donde la Comisión Bicameral de Acuerdos, órgano disciplinario de los fiscales, ni siquiera creyó conveniente investigar el hecho.
Ferraro tuvo la instancia de la indagatoria para poder defenderse, pero después de eso el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo encontró elementos suficientes para pensar que hubo delito de encubrimiento y procesarla. A raíz de esto, no se conocen las consecuencias ni las medidas que tomará el MPA con esta causa en curso.
La denuncia a la fiscal llegó de la mano de Marcelo Saín cuando cumplía funciones como Ministro de Seguridad, y fue tomada en aquel entonces por el fiscal Rodríguez. La denuncia era por la existencia de la cueva financiera, la presunción del delito de lavado de activos y la participación irregular de funcionarios provinciales.
En las oficinas de Turismo Oldani aquel 11 de febrero del 2020 había aproximadamente 3 millones de pesos y 1 millón de dólares. La fiscal Ferraro interrumpió el procedimiento policial, no dejó secuestrar ese botín, y luego, en horarios de la noche, acompañó personalmente a la familia a retirar los billetes, cuando casualmente se apagaron las cámaras de seguridad que apuntaban hacia el local comercial.
Ahora habrá que esperar qué sucede con el avance de las investigaciones, ya que fue protegida desde primera instancia por el titular de la Fiscalía Regional 2° Carlos Arietti y por gran parte de la política y funcionarios judiciales de la capital provincial.
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