La fuerte imputación de los fiscales Karina Bartocci y José Luis Caterina a diez efectivos policiales pertenecientes al Comando Radioeléctrico de Rosario terminó con los agentes en prisión preventiva tras la conclusión de la audiencia este viernes por la tarde. El trámite judicial se había iniciado el último lunes, tras la detención de los uniformados poco antes de la Navidad. De acuerdo a la evidencia presentada los funcionarios del MPA a la jueza Melania Carrara en el Centro de Justicia Penal, hubo al menos 14 procedimientos irregulares protagonizados por los efectivos que quedaron presos por el plazo de ley.
Las acusaciones de Bartocci y Caterina contra los policías incluyen abuso de autoridad, robo agravado, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad agravada y allanamientos ilegales. Los hechos investigados abarcan desde marzo de 2023 hasta noviembre de 2024.
Para la jueza, se trata de hechos de una gravedad “inusitada” por la responsabilidad que asumen los policías en nombre del Estado. La expresión fue utilizada por Carrara al comunicar su resolución, después de tres días de larga audiencia.
Los investigadores del MPA atribuyeron casos de allanamientos ilegales, abuso de autoridad y robos en procedimientos policiales.
Entre los acusados figuran Stella Maris C., imputada por abuso de autoridad, robo agravado y falsedad ideológica; Agustina M., acusada de allanamiento ilegal y falso testimonio; Marcelo B., por abuso de autoridad y allanamiento ilegal; y Gastón M., implicado en allanamientos ilegales y daños, entre otros. Además, en los allanamientos relacionados con la investigación se incautaron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y herramientas.
Las autoridades provinciales destacaron la importancia de estas acciones como parte de una política de seguridad que busca sancionar severamente las irregularidades dentro de las fuerzas policiales. Desde el Ministerio de Seguridad afirmaron que los efectivos que utilicen su uniforme para cometer delitos enfrentarán el peso de la ley, mientras que aquellos que cumplan con su deber contarán con el apoyo institucional.
El más comprometido en la causa parece ser hasta aquí Luis Alberto País, Jefe de Tercio del Comando Radioeléctrico que en 2022 había sido el eje de una polémica después de haber detenido dentro de un estudio jurídico en Cañada de Gómez a un delincuente al que venía persiguiendo. Esa vez había quedado preso, pero pocos días después había quedado en libertad tras una fuerte presión política y de sus propios jefes policiales. Aquello le valió luego un traslado -un ascenso- a la URII en la que llegó a mandar en un grupo operativo: varios de sus integrantes ahora quedaron imputados. En 45 días, se espera que haya una audiencia de revisión de las medidas cautelares mientras avanza la investigación.
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