Leonel Z. el hombre de 34 años que el lunes grabó con su teléfono y amenazó al personal que llegaba con la policía y funcionarios judiciales a demoler un búnker en Felipe Moré al 600 bis, Empalme Graneros, quedó en prisión preventiva. Así lo resolvió este miércoles al mediodía la jueza Lorena Aronne, ante la solicitud en audiencia del fiscal Pablo Socca que explicó que el imputado es parte de la banda del narco Francisco Riquelme, preso en la cárcel federal de Ezeiza.
“La jueza aceptó nuestra solicitud, porque demostramos que no era una persona enojada simplemente porque iban a demoler una casa. Es alguien vinculado a la banda, porque de hecho ya se lo había visto allí mismo en allanamientos previos. Y se entendió también que no es una amenaza más la que hizo al personal policial y de la justicia, también a los obreros que iban a trabajar en la demolición, sino que está enmarcada en la disputa de organizaciones por el territorio”, dijo el fiscal Pablo Socca al salir de la audiencia, en diálogo con Red Boing.
Durante la audiencia, que se hizo en la sala 4 del Centro de Justicia Penal, el abogado defensor Martín Frassi solicitó el mismo trato que había tenido la pareja de Alan Funes el lunes pasado, cuando se la imputó también por amenazar a quienes demolían un búnker y quedó en libertad, previo pago de 400 mil pesos. La jueza desestimó la solicitud. Y fundamentó la necesidad de avanzar en la implementación de la Ley de Microtráfico con este tipo de medidas, como es el derribo de propiedades vinculadas a bandas criminales que generan violencia en el territorio.
“Estos son delitos simples, pero en un contexto de gravedad institucional que no puedo dejar al margen. Tampoco puedo homologar lo que dice su abogado, respecto de que no fue nombrado en la asociación ilícita. Hay una nueva ley de narcomenudeo y usted no era ajeno a ese domicilio que se derribó. En ese lugar se encontraron armas, droga, su propio DNI. Usted no podía ser ajeno al hecho de que ese domicilio estaba vinculado con hechos violentos. Y por eso lo que usted hizo no es una simple amenaza, sino que está enlazada por lo que la banda que detentaba ese lugar hacía”, argumentó la jueza Aronne.
Zapata, de 34 años, trabajó diez años en General Motors en la sección de robótica de la planta de General Alvear. Al quedarse sin trabajo, emprendió un viaje que lo llevó hasta México. Y al volver a Rosario, por una disputa con su hermano, había perdido su casa familiar. Al quedar en la calle, se vinculó con la banda de Riquelme y tuvo contacto con el delito. En febrero de 2023 había sido detenido cuando intentaba robar una escuela. Se le fijó una libertad condicional y debía presentarse una vez por semana en el Centro de Justicia Penal. Pero solamente fue cinco veces a cumplir con el trámite, en 44 semanas. Además, dudó cuando en el inicio de la audiencia al decir su domicilio: primero dijo uno y luego se corrigió para dar el de Empalme Graneros, que intentó establecer que era su casa. Ese lugar fue allanado en varias ocasiones y allí se encontraron armas y drogas.
Francisco Riquelme, preso en una cárcel federal, es segunda línea de la banda narco de Esteban Alvarado. Y tuvo protagonismo en numerosas causas judiciales vinculadas a hechos violentos en Ludueña y Empalme Graneros, en la zona oeste de Rosario. En disputa con Los Monos, que en esa parte de la ciudad tienen como referente a Andy Benítez y Mauro Gerez, hubo tiroteos, usurpaciones de casas, heridos y muertos. A fines de diciembre, se dio también el intento de balear una escuela y una nota amenazante contra el gobernador Maximiliano Pullaro. Para el fiscal Franco Carbone, detrás de ese hecho y de un ataque pocas horas antes contra la Comisaría 19, había estado Riquelme. Por esos atentados, prometió desde la prisión pagar 300 mil pesos.
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