El Gobierno decidió devolver los $100.000 millones asignados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) tras el rechazo del Congreso a su presupuesto reservado. Esta decisión llegó después de que el Ejecutivo analizara distintas medidas para mantener esos fondos en la SIDE, pero optó por devolver el dinero al Tesoro para evitar conflictos jurídicos. La Casa Rosada acusó a la oposición, especialmente al PRO y la UCR, de “desfinanciar la seguridad”, y mostró especial malestar con Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR en el Senado.
A pesar de que el presupuesto abierto señala que ya se han gastado $80.893 millones, el Gobierno aseguró que no utilizó los $100.000 millones y que los montos tenían una asignación específica sin haber sido efectivamente ejecutados. Desde el Ejecutivo también descartaron la posibilidad de recurrir a un decreto secreto para financiar nuevamente a la SIDE, afirmando que todo aumento presupuestario debe ser publicado en el boletín oficial o aprobado por ley.
La Casa Rosada vinculó esta decisión con un posible impacto en la prevención de atentados, mencionando como ejemplo la amenaza explosiva recibida por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Además, el Gobierno fortaleció su cooperación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos (CIA) e Israel (Mossad), quienes ya habían emitido alertas sobre la seguridad del presidente Javier Milei.
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