La Comisión Electoral de Gran Bretaña investiga al primer ministro, Boris Johnson, por la remodelación del departamento oficial ubicado en Downing Street. Según la entidad, el funcionario gastó más de lo que se el concedió y por eso sostienen que se puede haber cometido un delito.
En este sentido, se enfrenta a acusaciones que involucran desde el manejo de la pandemia contra el Coronavirus hasta la filtración de polémicas declaraciones.
“Hay motivos razonables para sospechar que se cometieron uno o más delitos. Seguiremos trabajando para verificar si es así”, informó la autoridad de control. “Por lo tanto, continuaremos este trabajo como una investigación formal para establecer si este es el caso”.
Johnson tiene una asignación de 30.000 libras (unos 42.000 dólares) financiada anualmente por los contribuyentes del partido para mantener y amueblar su residencia oficial. Aquellos que están a cargo del procedimiento buscan determinar cuándo efectuó el pago de materiales y si se solicitó algún préstamo. Las reglas indican que el ministro debería haber declarado esto.
La investigación determinará si alguna transacción relacionada con las obras se encuentra dentro del régimen regulado por la comisión, y si dicho financiamiento fue reportado como requerido.
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