Los muertos cobran planes sociales. Nuevas revelaciones demuestran las falencias que existen por parte del Gobierno al momento de controlar a los beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo, uno de los dos más importantes del ministerio de Desarrollo Social después del Alimentar.
Un informe de la AFIP elevado en el mes de octubre informa que al menos “2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial” a través de familiares o terceras personas. El entrecruzamiento de datos también determinó que otros beneficiarios “tienen dos o más propiedades”.
El informe fue realizado por el organismo recaudador a pedido del entonces ministro del área Juan Zabaleta. Así, se detectó que: “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con findes de ahorro en los últimos 6 meses”.
Desde el gobierno nacional, al enterarse de la noticia, afirmaron que suspenderán “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del Potenciar Trabajo que hayan sido utilizados para la compra de dólares.
“Estamos entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra Tolosa Paz ante los medios.
“Empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”, sumó.
Cabe destacar que hace diez días, a través del decreto 728/2022, Alberto Fernández prohibió el ingreso de nuevos titulares al Potenciar Trabajo. La normativa también impide que las bajas de beneficiarios sean reemplazados. En el mismo texto, el Presidente decidió que las cooperativas de la economía Popular, que dependen de los movimientos sociales, en su mayoría oficialistas, accedan al 30% de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos.
Los nuevos datos revelados no hacen más que remarcar la falta de control que existe sobre un programa social que debería estar destinado a los sectores más vulnerables. El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, fue creado por la administración de Alberto Fernández cuando el ministro de Desarrollo Social era Daniel Arroyo y fue impulsado a los fines de unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.
La normativa es muy clara, solo pueden ser beneficiarios del programa “los que estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la Economía Popular”. Comprar dólares, tener bienes suntuarios o haber fallecido, no los hace acreedores del beneficio que, este mes de noviembre llegó a los $27.275 por cuatro horas de trabajo en una Unidad de Gestión (UG).
Solo para tener dimensión del dinero que e Estado, a través de los impuestos, destina a ese programa social. El año pasado el ministerio de Economía giro para ese programa que administra Pérsico, bajo el paraguas del ministerio de Desarrollo Social 270 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que tenía asignado la cartera por entonces a cargo de Zabaleta y que era de 584.680.260.281 pesos.
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