La Municipalidad de Rosario confirmó este jueves luego de un pedido de informe del concejal Roy López Molina que el barrabrava de Central Andrés “Pillín” Bracamonte manejaba al menos 6 taxis en la ciudad. En este marco, avanza la aplicación de una ordenanza que impida a procesados o condenados el control de un servicio público.
Las 6 chapas se encuentran a nombre de testaferros de su entorno, pero todas radicadas en el mismo domicilio. En ese sentido, fueron contraídas con el régimen “explotación por tiempo indeterminado” entre el 2003 y enero 2020. En el pedido de López Molina, se había solicitado conocer datos específicos sobre los titulares, multas y sanciones de las chapas RA 960, 1058, 1777, 2237, 2861 y 2864.
“Son pautas generales que ratifican lo que planteamos al momento de realizar las consultas”, afirmó el presidente de la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana y autor del pedido. La causa de las chapas de Bracamonte se disparó en 2020, cuando el barrabrava fue allanado en su domicilio.
Allí le encontraron 2,5 millones de pesos y 1.700 dólares que su abogado confirió a la explotación de cuatro taxis. En ese momento, el fiscal Moreno dispuso imputarlo por lavado agravado e incluyó seis chapas del servicio público a nombre de terceros bajo la sospecha de ser parte de las maniobras. Estimó, además, el valor de cada una en una cifra superior a los 20 mil dólares.
“Corresponde al Departamento Ejecutivo verificar y evitar que esas chapas sean utilizadas para lavar ganancias de actividades ilícitas”, dijo López Molina, luego que se confirmara que todas las licencias fueron adquiridas por transferencia, donde un titular vende su licencia y el comprador abona un sellado a la Municipalidad que a la actualidad cuesta 382.725 pesos.
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