Tras la destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA expresó su preocupación por lo ocurrido y acusaron al poder judicial y político de utilizar mecanismo de “extorsión” para que los fiscales no investiguen posibles hechos de corrupción como sucedió no sólo en la vecina provincia sino también en Santa Fe.
La situación de la fiscal es muy similar a la que están viviendo Matías Edery y Luis Schiappa Pietra en la provincia de Santa Fe, siendo víctimas de una persecución política por parte de Armando Traferri, investigado en la causa de juego clandestino.
En dialogo con RedBoing.com, la titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal Gisela Paolicelli, adelantó que la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a la queja de Goyeneche por lo que ahora esta abierta esa instancia y lo calificó como positivo.
“Este hecho es político y es un desastre a nivel jurídico e institucional”.
En este sentido, Paoliccelli indicó que “era sabido que iba a ocurrir esto pero no deja de sorprender que se haya llegado a este punto, desconociendo incluso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de queja presentado por ella”.
Y precisó: “modificaron el sistema de enjuiciamiento, sustituyendo el órgano natural previsto para intervenir en un enjuiciamiento por otro ad hoc, que no está previsto en la ley”.
La titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA contó que están en contacto permanente a nivel nacional con la Asociación Argentina de Fiscales con quienes se han presentado también a la Audiencia Interamericana de Derechos Humanos para poder revertir la situación que se viene atravesando tanto en Entre Río como en Santa Fe.
“Seguiremos adelante con las acciones que ya hicimos que tienen que ver con que se respete nuestra ley de régimen disciplinario, entendemos que es inconstitucional y que no se adapta a los parámetros de Naciones Unidas sobre como tiene que ser los estándares para los fiscales. Estamos luchando para que el poder judicial y en el caso de Santa Fe, el MPA sea autónomo e independiente y que pueda investigar sin ninguna extorsión para que se pueda avanzar en causas tan importantes”.
Si bien todavía no se llegó al punto de destituir a nadie, “sí se denunciaron a fiscales” y -según Paoliccelli- “sí se modificó la ley para dirigirse hacia los fiscales para que éstos entiendan que si investigan determinadas cosas, pueden ser removidos con toda facilidad”.
“Las herramientas que el poder político tiene para extorsionar a fiscales para que éstos no investiguen los hechos de corrupción en los que ese poder se encuentra involucrado. Lo mismo pasa en Santa Fe: denunciar a fiscales y aplicar sistemas de remoción que son ilegales”.
Comentarios