El 17 de febrero, poco antes de las diez de las noche y desde una cárcel, un preso empezaba a extorsionar a dos comercios de la ciudad con mensajes de WhatsApp: “Pasale el número al gerente. Tienen que pagar a la mafia”, le escribía al teléfono de la agencia Pesado Castro, de Mitre y Urquiza. Unos minutos después llegaba un mensaje parecido al bar El Gran Chopp, de Pellegrini y Presidente Roca. El 911 dejó registrada las dos denuncias. El juez Pablo Pinto dictó prisión preventiva por plazo de ley para el preso que extorsionó desde la cárcel a comercios rosarinos.
Al otro día, desde el mismo número se enviaban más mensajes a los extorsionados, con una pregunta: “¿Y qué vas a hacer?”. Los propietarios de ambos locales no respondieron al WhatsApp y bloquearon al remitente, dejando asentada la denuncia. Así comenzaba el difícil trabajo que tiene que hacer Fiscalía en estos casos, para dar con el autor de este tipo de maniobras. Es que los chips que son utilizados para amenazar, suelen ser destruidos poco después de activarse y concretar la llamado o el mensaje.
Pero gracias a un trabajo de investigación en redes, consulta con las empresas de telefonía celular y seguimiento de los ingresos en la cárcel, la fiscal Valeria Haurigot logró dar con el presunto culpable y reconstruir cómo se había gestado la maniobra y la logística previa. El autor de las extorsiones, según la hipótesis planteada este jueves en la audiencia imputativa, era Brandon Toloza, detenido en la U3 de Rosario desde diciembre de 2020 por robo y con ingresos carcelarios previos. Y con contó con ayuda “extramuros” de su hermana y de su novia: Brisa Toloza y Mariana González. La primera no tenía antecedentes, la pareja de Toloza sí había estado detenida por robo, hasta junio de 2020.
La hermana de Brandon había activado el 14 de febrero una línea nueva, a nombre de la cual cargó $1000 bajo modalidad virtual. Luego entregaría el celular a su cuñada, “única persona autorizada a visitar al interno en su lugar de detención conforme la nómina de personas autorizadas informada por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe”, se explica en la imputación de Haurigot. Dos días después, González visita a su pareja en la cárcel, ingresando 14:53 hs.
La pregunta, conocido el hecho, es la de siempre en estos casos: Si se conoce el horario y la forma de ingreso a la cárcel del celular desde el cual se realiza una extorsión a dos comercios tradicionales, ¿no hay castigo para los empleados del Servicio Penitenciario? ¿Hasta cuándo las cárceles seguirán funcionando como sedes del “home office” de los detenidos?p
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