La novedad promete ser una bomba de alto impacto y se dará este jueves 21 de noviembre desde las 11 hs, cuando en la elegante casona en la que funcionan los Tribunales Federales de Boulevard Oroño en el centro de Rosario se concrete la audiencia en la que el juez Marcelo Bailaque sumará una nueva acusación en su contra, esta vez por presunto prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La sospecha que pesa ahora sobre el polémico magistrado es la de haber favorecido con una medida judicial a un amigo suyo, el empresario rosarino Fernando Whpei.
La causa se inició en 2021 por el manejo de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, vinculada a Herme “Vino Caliente” Juárez, un histórico sindicalista que controló por décadas las cargas en el Cordón Industrial y que en agosto de 2019 cayó preso acusado de asociación ilícita, defraudaciones, y malversaciones de caudales públicos y privados, en una causa a cargo del juez de Campana, Adrián González Charvay.
La detención de Suárez se dio luego de un fuerte operativo de la Policía Federal. Ese mismo día se conocían imágenes de la fastuosa mansión del sindicalista y se empezaba a ventilar la trama de negocios que la justicia federal tenía bajo la lupa: la causa se había iniciado unos meses antes del impactante allanamiento, con la hipótesis de que el sindicalista de los estibadores se había enriquecido por presuntos vínculos con el narcotráfico a través de la Hidrovía.
La causa se había iniciado unos meses antes del impactante allanamiento, con la hipótesis de que el sindicalista de los estibadores se había enriquecido por presuntos vínculos con el narcotráfico a través de la Hidrovía.
En ese contexto, el juez González Charvay resolvía bloquear unos mil millones de pesos de la cooperativa, pero poco tiempo después el dinero iba a encontrar una “vía de escape” que terminaría sospechada. Es que por cuestiones de competencia la causa que llevaba el juez federal de Zárate-Campana iba a pasar a la justicia rosarina, para quedar a a cargo de Bailaque, que iba a autorizar el movimiento del dinero de la Cooperativa hacia la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, entidad de los hermanos Whpei.
Así, en 2021 un grupo de estibadores inicia una acción penal denunciando el presunto vaciamiento de la Cooperativa, por las operaciones financieras con la mutual de los Whpei “que no se encuentra bajo el control directo del Banco Central”. Aquella presentación se hizo ante la Cámara Federal, porque existía la sospecha sobre el Tribunal de primera instancia, a cargo de Bailaque era el que permitía las presuntas maniobras fraudulentas.
Tres años después y con el vínculo de amistad entre Bailaque y Whpei ya demostrado en sede judicial, la investigación a cargo del fiscal Federico Reynares Solari avanzaría en pocas horas con la acusación por prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público. “Con el nuevo sistema acusatorio se pudo lograr una actuación coordinada de todo el Ministerio Público Fiscal y así quedó a la luz que había una forma de actuar del juez que era similar en distintos expedientes”, le detalló a Red Boing una fuente con acceso a los expedientes.
El fiscal coordinador en el MPF de Rosario es Fernando Arrigo, que en 2022 tuvo el rol de acusador en el juicio contra Esteban Alvarado por el tráfico de media tonelada de marihuana en un camión que fue descubierto en 2017 en Río Negro.
Reclamos al juez desde los organismos y denuncias de fiscales
Marcelo Bailaque, que es rosarino y pasó su infancia en el barrio Tiro Suizo, hizo los primeros años de su carrera en el Poder Judicial en Santa Cruz. Allí se mantuvo hasta los primeros días de 2008, después de haber sido propuesto por Néstor Kirchner para ocupar el cargo de juez en el Tribunal Oral Federal N° 4 de Rosario.
Por su desempeño, sufrió cuestionamientos de parte de organismos de derechos humanos en los tiempos en los que los Juicios por la Verdad ocupaban la agenda de la justicia federal. En 2009, cuando había decidido la libertad del represor Carlos Sfulcini en la causa por la desaparición en 1977 del militante Rubén “Tito” Messiez. Recién cuando la querella apeló ante la Cámara, el genocida volvió a estar preso.
En 2021, cuando Rosario padecía una altísima tasa de homicidios desde hacía casi una década, la justicia provincial lograría llevar a juicio a Esteban Alvarado tras el crimen del prestamista Lucio Maldonado. Allí, dos fiscales del MPA denunciaron que el juez Bailaque había frenado en 2013 un pedido de la justicia federal de intervenir teléfonos de la banda narco que lideraba el acusado.
“La ciudad podría haberse ahorrado mucha sangre si esos teléfonos se escuchaban a tiempo”, dijeron entonces los fiscales Schiappa Pietra y Edery, durante su alegato final en aquel juicio. Entre 2012 y 2013, un fiscal de San Isidro había investigado los vínculos entre una banda denominada “Los Rosarinos”, que robaba autos en la zona norte del Gran Buenos Aires y los vendía en Rosario con las patentes cambiadas y el número del motor limado.
Dos fiscales del MPA denunciaron que el juez Bailaque había frenado en 2013 un pedido de la justicia federal de intervenir teléfonos de la banda narco que lideraba el acusado.
En ese negocio eran socios Alvarado y su socio Luis Medina, que además había abierto en ese tiempo “Esperanto”, la franquicia de un reconocido boliche porteño. Catorce informes de un oficial de la PSA habían demostrado que la venta de autos y la disco eran la pantalla de una banda narco que estaba pisando fuerte en Rosario. Con esos datos, el fiscal Ferrari -de San Isidro- le pide a Bailaque que intervenga teléfonos. Y el juez demoró la decisión, porque no encontró mérito suficiente. Entre las líneas que se pedían escuchar, estaba la de Daniela Ungaro, hermana del narco René Ungaro y pareja por entonces de Medina, que terminaría acribillado un año después en las inmediaciones del casino City Center.
Por esta negativa de Bailaque a las intervenciones de las líneas telefónicas, se inició en abril pasado un trámite ante el Consejo de la Magistratura, que podría terminar en su destitución. En ese ámbito, la diputada provincial Lionela Cattalini sumó su acusación, que tuvo en estos días el respaldo público del gobernador Maximiliano Pullaro.
La avioneta que cayó y los narcos que se escaparon
En febrero de 2020, una avioneta narco cayó en San Justo. Cuando la encontraron, había rastros de sangre y restos de droga, pero no estaba el piloto. Luego se sabría que el hombre, un paraguayo de nombre Juan Ramón Fleitas, había sido rescatado por una pareja vinculada al narcotráfico en la capital provincial: Lorena Melgarejo y Claudio Casco.
Ambos permanecieron prófugos durante cuatro meses. Según el fiscal santafesino Walter Rodríguez, financiaron esa vida en la clandestinidad con los ingresos que les provenían de la venta de drogas, en una investigación que probó el vínculo de este matrimonio con la banda rosarina Los Monos.
En junio de 2020, Melgarejo tiene un problema de salud y se atiende en un SAMCO y alguien la reconoce. Ahí se activa el protocolo policial y entonces ella y su marido son seguidos hasta una casa en barrio El Pozo, en la ciudad de Santa Fe. Durante varias horas, el fiscal Rodríguez esperó la orden del juez para poder allanar el domicilio, pero esa autorización judicial nunca le llegó: el magistrado que estaba esa noche subrogando el Tribunal correspondiente no era otro que el rosarino Marcelo Bailaque. Y los narcos lograron escaparse.
El fiscal Rodríguez esperó la orden del juez para poder allanar el domicilio, pero esa autorización judicial nunca le llegó: el magistrado que estaba esa noche subrogando el Tribunal correspondiente no era otro que el rosarino Marcelo Bailaque. Y los narcos lograron escaparse.
Contador compartido con un narco y presuntas extorsiones con AFIP
Además de todo lo relatado en esta nota y mientras avanza el expediente del Consejo de la Magistratura, se conoció que un amigo suyo que es también su contador es quien firmó los balances de las empresas que el mismo narco Esteban Alvarado utilizó para lavar dinero. Se trata de Gabriel Mizzau, que además tiene un hijo trabajando en el Poder Judicial por recomendación del mismo Bailaque, cuyo desempeño en ese tema está siendo investigado por el fiscal Matías Scilabra.
Aunque los problemas para el juez no terminan ahí, porque la semana pasada se sumó otro frente judicial: dos camionetas de Gendarmería estacionaron frente a los Tribunales de Oroño e ingresaron al despacho del juez, para requisarlo. Por solicitud del fiscal Juan Argibay Molina, de la PROCELAC, se llevaron también su teléfono y el de uno de sus secretarios, Gustavo Guazzaroni, que fue allanado en su domicilio. El mismo día, se allanaron las sedes de AFIP y Aduana en Rosario y en Santa Fe.
Por solicitud del fiscal Juan Argibay Molina, de la PROCELAC, se llevaron también su teléfono y el de uno de sus secretarios, Gustavo Guazzaroni, que fue allanado en su domicilio. El mismo día, se allanaron las sedes de AFIP y Aduana en Rosario y en Santa Fe.
La sospecha en este expediente es que habría existido coordinación entre funcionarios de AFIP y Aduana vinculados a la Hidrovía con actores de la justicia para extorsionar a empresarios que tenían alguna irregularidad ante los organismos fiscales. La denuncia sugirió que esas causas podían “cajonearse” si había un arreglo económico.
La punta del iceberg en esta investigación -según lo que pudo saber Red Boing– habría surgido al abrir el teléfono de Carlos Vaudagna, histórico director en Rosario del organismo recaudador en Rosario, que quedó involucrado en la causa Vicentín. Otro nombre que aparece en el mismo expediente es el de Pablo Allegri, también ex funcionario de AFIP y hasta hace poco vicepresidente de Newell’s.
Para el final, otra perlita: “Si vas a sumar las carpetas judiciales y los temas por los que Bailaque estuvo la mira, no te olvides de lo que pasó con el de la SIDE”, sugiere en off ante Red Boing otra fuente consultada para esta nota. La referencia es para un agente de inteligencia que quedó detenido a mediados de este año, sospechado de filtrar información a la banda Los Monos y de ayudar al ex fiscal provincial Mariano Ríos Artacho cuando este quedó complicado en una investigación.
El espía -que cuando cayó preso estaba viviendo en una casa perteneciente a Juan José Raffo, policía acusado de tener vínculos con los narcos- fue dejado libre poco después por Bailaque y recién volvió a quedar detenido cuando la Cámara Federal de Apelaciones revocó la medida del polémico juez.
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