El juez Rodolfo Mingarini de los Tribunales de Santa Fe liberó a un albañil acusado de abuso sexual debido a que no le resultó “lógico” que el agresor haya tenido tiempo de ponerse un preservativo cuando sometía a la víctima.
Mingarini desestimó los exámenes de medicina legal que habían comprobado las lesiones compatibles con una violación y el material biológico del imputado que se encontró en la escena e incluso las pericias psicológicas que se le hicieron a la víctima, las cuales avalaron su relato.
“Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo… no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, sostuvo el magistrado santafesino.
Mingarini reafirmó: “Realmente es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”.
No es la primera vez que el juez en cuestión toma una decisión de estas características. La mesa de Ni una menos Santa Fe recordó que en marzo del año pasado le otorgó la libertad a la espera del juicio a un hombre investigado por quemar a su pareja con agua hirviendo en Santo Tomé no dando lugar al pedido del MPA que solicitaba prisión preventiva por considerarlo autor de lesiones graves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
En este sentido, expresaron a través de sus redes sociales: “Nosotras hemos denunciado a estos jueces una y otra vez. Estos que desconocen la normativa en relación a la violencia de género y a su deber como funcionarios judiciales de garantizar nuestra seguridad y la protección de nuestros derechos. Nos revictimizan, refuerzan estereotipos, mandatos, roles, conductas que perpetúan este delito y lo que es peor, otorgan impunidad a quienes lo cometen”.
“Con jueces así los victimarios no necesitan ni abogados defensores”, concluyó la agrupación, tras lo cual reclamaron la intervención de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador Dr. Jorge Barraguirre y que “se instrumenten mecanismos que hagan posible la sanción a funcionarios judiciales cuando sus actuaciones sean contrarias a la ley”.
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