La asociación ilícita, compuesta por al menos 5 integrantes, entre ellos un contador público-, llevó a cabo múltiples, sistemáticas y reiteradas tareas ilícitas mediante “empresas papel”, utilizando datos de 150 “usinas” apócrifas para la emisión de aproximadamente 40.000 comprobantes electrónicos desde enero del 2018 y hasta mayo del año en curso. Durante ese período, la organización habría facturado un valor estimado de $10.000.000.000 y $2.000.000.000 en crédito fiscal IVA.
La investigación determinó un patrón de reclutamiento que, en la mayoría de los casos, comprendió a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y se basó en prospectos de empleo y/o sumas de dinero a cambio de que brindaran los datos de su DNI. Además, aquellos reclutados debían concurrir personalmente a la sucursal de Banco Galicia en Casilda para abrir una cuenta de caja de ahorro, cuyos turnos eran previamente solicitados por los mismos miembros de la organización. Luego, se presentaban en la sucursal de AFIP para gestionar su alta en el monotributo.
Esos datos aportados eran utilizados para la creación de perfiles fiscales con actividades comerciales de diferentes rubros (construcción, marroquinería, compraventa de carne vacuna, etc.), sujetos a la clasificación del Fisco Nacional en una determinada categoría con cierto límite de facturación mensual.
Este procedimiento se vio beneficiado por la incorporación de la metodología remota en la gestión de trámites (alta de usuarios, creación de claves fiscales, presentación de declaraciones juradas, etc.) directamente desde el sitio web del Ente Recaudador -implementada por la pandemiaCOVID-19-, en tanto permitió a los investigados desarrollar la creación de los recibos falsos de manera más sistemática y ordenada.
La denuncia original de los hechos fue presentada por parte del Director Interino de la Dirección Regional Rosario de la Dirección General Impositiva de la AFIP en la sede de la Unidad Fiscal Rosario (entonces Fiscalía Federal N°1). Posteriormente, el organismo público presentó ampliaciones de denuncia que fueron acrecentando tanto la facturación apócrifa como el crédito fiscal IVA.
Tras un año y medio de investigación, el resultado de las diversas medidas de prueba llevadas a cabo por el Dr. Javier M. Arzubi Calvo (Fiscal Federal a cargo de la Unidad Fiscal Rosario), con la participación de la Dra. María Virginia Sosa (Fiscal Penal Interina de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos complejos), en conjunto con la División de Investigaciones de la AFIP-DGI Rosario, permiteron dilucidar y determinar los roles que cada uno de los participantes cumplía dentro de la organización criminal, favoreciendo notoriamente el avance de la investigación.
En función de los elementos de prueba reunidos, los Fiscales de la Unidad Fiscal Rosario solicitaron al Juzgado Federal N°4 Secretaría N°2 a cargo del Dr. Marcelo Bailaque, el allanamiento de 10 domicilios -entre los cuales se encuentra un estudio jurídico y un estudio contable-, en las localidades de Casilda, Sanford y Rosario.
Los procedimientos resultaron satisfactorios para la investigación, disponiéndose la detención de todos los investigados y el secuestro de elementos de interés (dinero en efectivo, documentación varía, teléfonos celulares, computadoras, entre otros).
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