El Ministerio Público de la Acusación (MPA) mediante el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego a cargo del Fiscal Gastón Ávila realizó 29 allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Rosario y dispuso la detención de 8 personas. Los procedimientos están vinculados con la primera investigación estratégica sobre mercado ilegal de armas de fuego dentro del Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General y en el marco del convenio de colaboración firmado entre el MPA y el Ministerio de Seguridad de la Nación en abril de 2024.
La investigación se inició a partir de un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal, que identificó a un grupo de usuarios con múltiples solicitudes de tenencia de armas entre 2020 y 2024. La misma se desarrolló desde el Equipo de Trabajo para el abordaje estratégico de Armas de Fuego del MPA, el ANMAC y la Policía Federal. Se identificaron personas cuyos perfiles económicos no se condicen con las adquisiciones realizadas.
Con estos procedimientos el MPA se encuentra en camino de acreditar mecanismos de desvío de armas de fuego obtenidas legalmente hacia el mercado ilegal en razón de no ser halladas en poder de sus propietarios formales. En los próximos días se llevarán a cabo las correspondientes audiencias imputativas.
El Departamento Antidrogas de la Policía Federal Litoral Rosario llevó a cabo tareas investigativas sobre armas y municiones secuestradas en varios hechos delictivos, hasta determinar la existencia de irregularidades en la adquisición y registro de las mismas.
Un investigador que pidió reserva le dijo a Red Boing: “En esta causa pudimos hacer la trazabilidad de lo que podríamos denominar testaferros de armas en Rosario, que terminaban comprando de forma legal una pistola o balas que terminaban después en un homicidio o una balacera”.
El convenio entre el MPA, encabezado por la Dra. María Cecilia Vranicich, el Ministerio de Seguridad de la Nación, representado por la Ministra Dra. Patricia Bullrich, el ANMAC y SAIB tiene como objetivo reducir la circulación ilegal de armas de fuego y prevenir la violencia armada. Uno de los lineamientos de persecución penal priorizados por el Ministerio Público de la Acusación es el abordaje de los mercados ilegales de armas de fuego relacionado directamente con las violencias altamente lesivas como ser homicidios, heridos de armas de fuego, balaceras, etc.
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