La República Argentina rechaza categóricamente las falsas e infundadas acusaciones del dictador Nicolás Maduro contra el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, a quien ha señalado, sin prueba alguna, de intentar afectar la seguridad de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estas afirmaciones carecen de sustento fáctico y jurídico.
Nahuel Agustín Gallo ingresó a Venezuela de manera legal, cumpliendo con todos los protocolos migratorios vigentes. Presentó su documentación, notificó su domicilio familiar y cumplió con cada requisito antes de su viaje. No existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. Las declaraciones de Maduro no solo son falsas, sino también irresponsables y buscan desviar la atención de la grave crisis política, económica y social que atraviesa el régimen venezolano.
El Gobierno argentino exige, una vez más, la inmediata e incondicional liberación de Nahuel Agustín Gallo, garantizando su integridad física y psíquica, así como el pleno respeto a sus derechos humanos, conforme al derecho internacional y los tratados bilaterales vigentes entre ambos países.
El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone con rigor las graves irregularidades cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, que utiliza el aparato estatal como herramienta de control político y social para perpetuarse en el poder y obstaculizar los esfuerzos legítimos de la oposición democrática, encabezada por el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
El Estado argentino repudia estos atropellos y hace un llamado a la comunidad internacional a condenar enérgicamente estos actos criminales y violatorios del derecho internacional.
La República Argentina reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la región y seguirá impulsando acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) y los organismos internacionales competentes, responsabilizando al régimen de Maduro por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, abuso de poder e incumplimiento de sus obligaciones internacionales, con el firme propósito de que dichas violaciones sean investigadas y sancionadas.
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