La oposición consiguió este miércoles el objetivo que se había propuesto cuando aprobó un emplazamiento para debatir la reforma de la Ley 26.122 que regula el tratamiento de los decretos del Poder Ejecutivo en el Congreso. En su tercera reunión, firmó el dictamen que habilitará su tratamiento en el recinto.
Ahora se inicia otra pulseada, en la que la oposición correrá una carrera contrarreloj para forzar un tratamiento que el oficialismo y sus aliados buscarán evitar. Hay tiempo hasta fines de noviembre, cuando concluya el período ordinario.
El dictamen de mayoría obtuvo 36 firmas, correspondientes a Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el nuevo espacio radical, formado la semana pasada).
Tiene como base el proyecto del diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, y se tomó en cuenta elementos de proyectos de Unión por la Patria y del flamante bloque radical “sin peluca” Democracia para siempre.
Según quedó establecido en la letra de la norma, alcanzará con el rechazo de una sola cámara para que un DNU quede derogado.
De esta manera, se invierte la lógica de la ley 26.122 sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, por la cual un decreto, para ser derogado por el Congreso, tiene que ser rechazado por ambas cámaras legislativas.
En este sentido, fue clave el aporte de los diputados kirchneristas, que después de décadas de oponerse a modificar el instituto de los DNU, porque no le convenía a los gobiernos propios, ahora sí aprovecharon la oportunidad histórica que se abrió en la coyuntura para recortar el poder de Javier Milei.
La iniciativa consensuada entre las fuerzas que firmaron el dictamen de mayoría también establece un plazo de 90 días corridos para que los decretos sean aprobados por ambas cámaras, y en caso de no cumplir con este plazo caduca su vigencia.
Por otra parte, se prevé que “cuando los decretos a los que se refiere esta ley sean dictados durante el periodo de receso parlamentario las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.
Por último, se estipula que “rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario”.
El bloque UCR de “radicales con peluca” juntó dos firmas para su propio dictamen de minoría, el cual establece que “la Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras”.
En tanto, la iniciativa que tiene como autora a Karina Banfi aclara que “las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.
Al igual que el dictamen de mayoría, se prevé que “el rechazo por una de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación”.
La Coalición Cívica también firmó su propio dictamen de minoría con dos rúbricas, mientras que La Libertad Avanza optó por un dictamen de rechazo y el PRO no acompañó ninguno de los textos, pese a haber impulsado históricamente iniciativas para reformar la ley 26.122.
Respecto de esta postura de la bancada presidida por Rodrigo de Loredo, que se abstuvo de plegarse al dictamen de la mayoría, el diputado radical de Democracia para Siempre Fernando Carbajal marcó diferencias y señaló que desde su bloque son “coherentes con la línea histórica” de la UCR sobre el tema DNU.
“Hemos estado trabajado un dictamen de consenso que expresa los puntos que todo el constitucionalismo argentino y todos los sectores de la vida política, incluidos los que hoy son ‘paraoficialistas’ u ‘oficialistas del cambio’ han sostenido en distintos momentos”, indicó el formoseño en declaraciones radiales.
“Nosotros vamos a ser coherentes con nuestra línea política. No cambiamos porque cambian los gobiernos, seguimos sosteniendo lo mismo. La ley de DNU de Cristina Fernández de Kirchner es anticonstitucional”, afirmó.
Entrevistada por el mismo medio, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer aseguró que “la reforma de la ley es urgente” y “es imperioso hacerlo”.
“Preferiría una reforma mucho más integral pero en función de conseguir los consensos que se necesitan para sacar esto rápidamente vamos a ir con aquellos acuerdos mínimos que significan poner un plazo”, expresó.
También indicó que uno de los objetivos de la reforma es “asegurar que un DNU no puede quedar transformado en una ley como si tuviera más valor con sólo la aprobación de una cámara y que con el rechazo de una ya deja de tener vigencia”.
En el epílogo de la reunión de comisiones, la diputada Mónica Litza (UP) celebró haber llegado a un dictamen de mayoría, lo cual catalogó como “un logro muy importante”.
La legisladora massista destacó que “era un desafío reformar esta ley que vino a suplir un vacío que había desde la ley del 2006”.
Sobre el proceso de construcción del dictamen, reveló que la redacción se logró a último momento en base a las coincidencias entre los distintos bloques opositores.
“Empezamos a hablar y encontrar coincidencias. Posiblemente el dictamen que presentamos hoy no sea el mejor, el perfecto”, reconoció.
“Lo que proponemos que ante el silencio de ambas cámaras, se deroga el DNU. Hasta ahora el silencio se interpretaba de forma positiva. Ahora lo interpretamos de forma negativa”, consideró.
Por último, Litza manifestó su deseo de llevar el proyecto “lo más pronto posible al recinto para que sea ley”.
A su turno, el diputado de UP Diego Giuliano ponderó la tarea de conseguir consensos”, que definió como “combustibles muy necesarios de la democracia”.
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