La Provincia llevó a cabo el derribo de un bunker y una edificación que funcionaba como aguantadero en Misiones al 2100 y 2200 en el marco de la Ley de Microtráfico. Dichos lugares, fueron identificados como centro de operaciones desde donde partieron los autores de los crímenes del colectivero Marcos Daloia y el playero Bruno Bussanich.
El fiscal Saldutti expresó a la prensa: “Esta es una zona que históricamente ha tenido una alta circulación de violencia. Los indicadores de violencia vienen en claro retroceso, pero vamos a seguir a fondo con esta política en el trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación que nos ha llevado a derribar 30 puntos de venta en toda la provincia y 25 en la ciudad de Rosario. La decisión es seguir avanzando para que Rosario no vuelva a sufrir mas lo que le toco sufrir los últimos años”.
“Habíamos pedido judicialmente el derribo de ambas direcciones. La jueza había considerado que el delito podía cesar con la inactivación de los lugares. Sin embargo, después de hacer esa medida ambos lugares fueron intrusados, se rompieron las estructuras y se siguieron cometiendo delitos en los lugares. Por lo tanto, recurrimos otra vez judicialmente, por la normativa procesal que nos habilita a eso, y la jueza ordeno definitivamente el derribo de las instalaciones”, detalló el fiscal Carbone
Para concluir, el secretario Santantino remarcó la eficacia en las herramientas con las que cuenta la Provincia: “La gran diferencia del estado de situación con el cual nos encontramos de diciembre a hoy, es que el estado de la provincia de Santa Fe tiene las herramientas suficientes para responder ante cualquier emergente de violencia que surja”.
Cabe recordar que operativos como este se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía provincial y con la colaboración de los gobiernos locales.
Los derribos de puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
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