Omar Perotti y Walter Agosto, gobernador y ministro de Economía de la provincia, detallaron el cobro de la deuda histórica de la Nación por la detracción indebida del 15 por ciento de los fondos coparticipables entre el 2006 y el 2015. Serán 151873 millones de pesos por la fórmula de actualización que decretó la Corte en un fallo en diciembre del 2021 y se cobrará en Letras del Tesoro y Bonos negociables en el mercado actualizables por inflación.
Walter Agosto explicó algunos detalles, por ejemplo los plazos de cobro de la acreencia: “En el 20 por ciento del tiempo, en dos años, va a cobrar el 34 por ciento de la deuda. Y si agregamos dos años más, en el 40 por ciento del tiempo va a cobrar el 55 por ciento de la deuda. Y si agregamos dos años más, seis años, va a cobrar en el 60 por ciento el 75 por ciento de la deuda. La curva es decreciente, prioriza un flujo anticipado de fondos”.
Además, detalló el monto total y el porqué: “El gobierno requirió a la Nación se actualizara al 31 de mayo con el coeficiente de la Tasa Pasiva del Banco Central. Dio un total de 160929 millones de pesos, pero se le netearon recursos provenientes de un bono que la provincia aceptó del gobierno nacional en el marco del consenso fiscal suscripto en el año 2017, y los recursos son del orden de los 9800 millones de pesos”.
En ese sentido, explicó los plazos de cobro y la actualización del capital: “La sentencia preserva de este modo su valor en términos reales. Todos los instrumentos son transferibles y cuentan con mercado. Letras de corto plazo para poder conformar un flujo de ingresos de fondos. Y los títulos públicos en circulación y son transferibles en el mercado. Todos los bonos tienen distintos vencimientos, algunos llegan al año 2031, pero no se confundan, el flujo de fondos que generan estos bonos es lo que determinan la vida promedio de esta cartera de instrumentos, que es de 3,5 años”.
El convenio firmado incluyó un acuerdo de fortalecimiento para la AFIP con una detracción de un 1,9 por ciento anualizada, y Agosto explicó el motivo: “Históricamente las provincias tuvieron convenios de cooperación con la AFIP, que como contrapartida tenían una asistencia técnica y un financiamiento de las provincias al organismo recaudador federal. Viene desde el año 2001 y la provincia impugnó porque la Nación siguió detrayendo esos fondos cuando los convenios habían cesado. Pero no es algo nuevo”.
Y abundó: “Con posterioridad, en 2017, el gobierno nacional convocó a todas las provincias para hacer un nuevo consenso fiscal, y se integraron actas que cada una de las provincias firmaron con la AFIP, y además de esa alícuota de 2,75 pasó a 1,9 y se modificó la forma de cálculo, la base sobre la cual se aplicaba el porcentaje a favor de las provincias”.
A su vez, el ministro de Economía puntualizó sobre la importancia del convenio firmado con la AFIP: “Ese convenio para la provincia es imprescindible, lo buscamos desde el momento que asumimos, planteándole a la AFIP que no nos cobre, o con un mecanismo especial, supeditado al pago de la deuda. Y estamos urgidos porque en el año 2018 la AFIP intimó a la provincia a que firmara el acuerdo bajo apercibimiento de retirar las prestaciones, y empezó a ocurrir desde el 2019, desde enero, la AFIP dejó de remitir todos los archivos con las DDJJ de IVA, impuestos a las ganancias, empleadores y grandes contribuyentes de Santa Fe, insumo esencial en el cobro de nuestros tributos –IIBB y selllos-, y también comenzó a dejar de enviar ajustes”.
Y cerró: “En ese marco, a la provincia de Santa Fe le interesa sobre manera volver a tener el convenio con AFIP, porque es necesario tener toda esa información, capacitación a empleados y mejoras en términos tecnológicos. Esas son nuestras expectativas”.
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