Sentado en un sillón y encarnando a Morfeo, Laurence Fishburne ofrece a Neo (Keanu Reeves) dos pastillas y describe a La Matrix: “Está en todos lados. La ves cuando miras por la ventana o cuando prendés la TV. La podés sentir cuando vas a trabajar, a la Iglesia o cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que te han puesto en los ojos para cegarte de la verdad”.
La dolorosa realidad de la provincia de Santa Fe exige agudizar el análisis para no confundir causas con consecuencias o para evitar que los villanos se disfracen de héroes. Equivocar el camino es una grata noticia para los creadores de la Matrix santafesina y nos aleja de la solución del drama de la inseguridad.
La supuesta causa de “espionaje ilegal” contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y sus funcionarios es el capítulo más reciente de esa estrategia distractoria: la sola mención de un delito, a priori repudiable por todos, busca, por un lado, la autocensura y el silencio de la mayoría para, por otro lado, beneficiar a una poderosa minoría expuesta en sus formas, en sus integrantes y en sus objetivos, producto de la decisión política de luchar contra las mafias.
Superada la estridencia con la que se presentaron los “allanamientos al Ministerio de Seguridad”, podemos concluir, evitando cualquier manifestación de ingenuidad, que lo que en la Matrix se nos mostró como un “escándalo sin precedentes” es, en realidad, el intento sostenido de volver a cerrar el círculo de protección y evitar que, a futuro, ninguna otra persona investigue el entramado de los delitos vinculados a la narcocriminalidad. En la realidad creada, la condena es el escarnio público de los que osan no respetar el libreto.
En Santa Fe, hay violencia porque hay mafias. La gestión de Sain al frente del Ministerio de Seguridad provincial reveló el vínculo entre el poder institucional y el mundo criminal. Fue un punto de inflexión. Así la investigación penal acerca de los millones de pesos generados por el juego ilegal, encabezada por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, es sólo una muestra de los entramados criminales sobre los que se asienta la provincia de Santa Fe. Con protección policial, judicial y política, el elenco estable no distingue colores políticos o funciones de gobierno.
Se equivocan quienes, con exceso de candidez, pretenden encontrar la salida del laberinto en las tan políticamente correctas mesas de diálogo político, entre oficialismo y oposición. El intercambio, si es honesto y conducente, debe ser en el marco institucional de la Legislatura Provincial; ámbito donde, desde hace más de un año, descansan sin salir del cajón (y sin reproches en la Matrix), leyes vitales para reformar la seguridad pública provincial, en particular, la estructura perimida de la policía santafesina. corazón del problema. Por fuera de la realidad virtual, la policía más corrupta del país, llamativamente, es funcional a los intereses del elenco estable.
El único objetivo de dicha alienada agenda pública es intentar frenar los tiros en el centro de la ciudad, a fuerza de una pax acordada. Al elenco estable no le interesa producir cambios a favor de los rosarinos, hastiados de la violencia, sino sólo calmar las aguas en tiempos de fiestas y vacaciones. Las balaceras a restaurantes de las principales avenidas de Rosario son tan sugestivas como contraproducentes para los negocios blue. Ya conocemos los resultados de esos débiles equilibrios que nacen de acuerdos de cúpula: la Matrix tiene fallas, y cada falla son nuevas muertes, nuevos fracasos, nuevas frustraciones y un nuevo descenso en la escala de lo posible.
La salida. Parte I. La recuperación de la calidad institucional de la provincia de Santa Fe es el eje central de cualquier política pública de seguridad que pretenda ser exitosa. Amenazar públicamente a jueces, proteger políticos corruptos, denunciar a fiscales que investigan causas complejas o descabezar, a través de un régimen disciplinario inconstitucional, el Organismo de Investigaciones, no es gratis. Todo mercado se nutre de señales y de expectativas. También, el mercado narcocriminal. Un ecosistema institucional débil, propio de una provincia feudal, es el ámbito propicio para el recrudecimiento de la violencia mafiosa.
La salida. Parte II. En un clima institucional saneado, la reforma de la policía santafesina es un objetivo principal e ineludible. Mientras la herramienta con la que cuenta el Estado provincial para perseguir delitos esté contaminada, no hay éxito a la vista. No hay margen para reformas parciales de una estructura podrida desde sus cimientos. El insistente reclamo del envío de más fuerzas federales, al que adherimos, es sólo el camino para pacificar transitoriamente las zonas más calientes y ganar tiempo en pos de la citada reforma.
La salida. Parte III. Las enormísimas sumas de dinero ilegal que producen las economías criminales en Rosario y su área de influencia derraman, en parte, en circuitos lícitos, a través de mecanismos de lavado. Hay reconocidos empresarios administrando financieras truchas en la city, vendiéndoles dólares a narcotraficantes, a cambio de pesos recogidos de búnkers enclavados en asentamientos marginales. El nivel de tolerancia de los circuitos de lavado de dinero es directamente proporcional a la agresión que sufrimos diariamente los rosarinos. La Matrix abona aquélla tolerancia, estrechando el juicio sobre los eslabones más altos y acomodados de la cadena delictiva. Una inteligencia real de la Unidad de Información Financiera y una acción coordinada con los Estados subnacionales está pendiente en Santa Fe.
La responsabilidad institucional obliga a hablar claro e intentar echar luz sobre oscuras operaciones para reducir al máximo posible el engaño de una ciudad que sufre todos los días las consecuencias de la inseguridad. Y ese mandato es ineludible, para oficialistas y opositores.
Como en aquél diálogo de la primera película de la saga de Matrix, los santafesinos tenemos solamente dos opciones: elegir entre la píldora azul, que nos mantiene en un universo creado, un adormecimiento colectivo, donde se tolera la queja sobre las consecuencias de la violencia, pero se evita, a fuerza de ilusiones, el cuestionamiento a las verdaderas causas de la misma, o la píldora roja, rompiendo con las categorías de análisis habitual, que nos enfrenta a una verdad que, en la mayoría de los casos, resulta muy incómoda. La distancia entre una y otra elección es igual a la que existe hoy entre el problema y la solución a la violencia mafiosa.
Por Roy López Molina. Abogado y escribano. Fue diputado provincial y vicepresidente del Concejo Municipal de Rosario.
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