En un nuevo capítulo de la relación de la Argentina con los líderes del mundo, el juez federal Ariel Lijo ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su vice y esposa, Rosario María Zambrana Murillo. El pedido de la Justicia incluye a otros 16 imputados para ser indagados en el país por “graves violaciones contra los derechos humanos” durante una represión de la que participaron “todos los estamentos del Estado”.
En base al principio de justicia universal, el magistrado firmó este lunes por la tarde una resolución que cuenta con 76 carillas, en la que requirió la detención con fines de extradición.
La prueba reunida en el expediente abierto en agosto pasado a partir de la denuncia de los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, aborda los citados delitos, en los que “habrían tenido participación altas autoridades de la República de Nicaragua”.
“Al respecto recuérdese que el plan estratégico de represión desplegado en Nicaragua involucró a todos los estamentos del poder político y judicial del Estado“, advirtió Lijo.
Además, el juez mencionó: “Las solicitudes de cooperación internacional libradas por este tribunal no fueron respondidas“. En la causa hay documentadas persecuciones por motivos religiosos a comunidades aborígenes y detenciones de periodistas, entre otras.
Detalló, por otra parte, que -en base a lo requerido por la fiscalía y la querella- se imputará “haber llevado a cabo un plan sistemático y generalizado de violenta represión contra la población civil“. Su objeto, añadió la resolución, “era la disuasión de manifestaciones sociales y la persecución de los sectores políticos disidentes“, para lo que “se valieron de la estructura del aparato estatal, amparándose en los roles institucionales que tenía cada uno de los intervinientes”.
“Se realizaron encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, actos de tortura, desaparición forzada de personas, traslado forzado de la población, deportaciones, censura mediática, privación de atención médica, supresión de matrículas profesionales habilitantes, persecución por motivos políticos y religiosos, cancelación de la personería jurídica y quita de la nacionalidad” como parte de este mecanismo estatalmente organizado, “generalizado y sistemático”, precisó el magistrado.
“Estructurado en distintas etapas, en cuyo marco se suscitaron las conductas señaladas”, el plan empezó entre abril y junio de 2018, con la represión de diversas protestas sociales nicaragüenses.
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