La increíble cláusula de rescisión que le pondrá el Barcelona a la joya de 18 años que se lleva a España

Lucas “Pocho” Román, una de las nuevas joyas del fútbol argentino, está cerrando en estas horas su pase al fútbol español. Se formó en las inferiores de Ferro Carril Oeste, adonde debutó. Y ahora llegará ni más ni menos que a uno de los clubes más grandes del fútbol europeo: el Barcelona. La venta se cerró en U$S 1.200.000 por el 85 por ciento de la ficha, pero lo realmente sopresivo es el valor que se le fijó a la cláusula de rescisión: 400 millones de euros.

La cifra es elevadísima y marca la expectativa que tiene puesta el Barsa en Román, que tuvo varias presencias en el juvenil de AFA dirigido por Pablo Aimar y Diego Placente en Sub 15 y Sub 17. También fue dirigido por Javier Mascherano en la Sub 20, con la que fue parte del torneo L’Alcudia, que ganó la Argentina. En el último corte para el Sudamericano, que se inicia en estos días, quedó afuera de la convocatoria.

En la última temporada, “Pocho” jugó 27 partidos para el verde de Caballito en la B Nacional, en los que convirtió tres goles y sumó una asistencia. Fueron en total 1.589 minutos en cancha, para esta promesa que salió de Ferro. En principio, se cree que de a poco irá sumando rodaje en cancha en el Barcelona B, la filial de los culés que dirige el mexicano Rafa Márquez, ex compañero de Messi cuando ambos eran blaugranas. ¿Estará a la altura de la cláusula que le fijaron? El futuro tiene la respuesta.

El gobernador Maximiliano Pullaro se presentó este jueves en los tribunales santafesinos, en la capital provincial, para prestar declaración en un juicio en el que se acusa a los exjefes de la Policía de la Provincia, Omar Odriozola y Rafael Grau, de liderar entre 2015 y 2016 una organización ilícita dedicada a defraudar económicamente a la administración pública mediante facturas de supuestos arreglos de patrulleros. La denuncia de ese accionar fue realizada por el actual mandatario provincial, quien en ese momento era el ministro de Seguridad.

La causa, conocida como “D4”, ya tiene a varias personas condenadas a través de juicios abreviados. Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia del proceso contra los principales acusados, en la que Pullaro brindó su testimonio.

Luego, en declaraciones a la prensa, sostuvo que “uno tiene que ser muy claro en estas cosas: cuando hay corrupción institucional, cuando ve que hay actores del Estado vinculados a la corrupción institucional, se tiene que denunciar”, y aclaró también que “la inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Santa Fe son gente buena, trabajadora y honesta. Como en todos los ámbitos de la sociedad, ahí hay más buenos que malos, pero hay malos”.
“Cuando nos tocó, hicimos lo que teníamos que hacer -continuó Pullaro- que fue no hacernos los boludos ante la corrupción. Y ahora también, se hace lo que se tiene que hacer en cada ámbito del Estado, y eso es un mensaje claro. Y lo vamos a seguir haciendo, porque el Estado puede ser mejor, más eficiente, y porque entre todos tenemos que mejorar las instituciones democráticas”.

Asimismo, el mandatario provincial afirmó que “nosotros no toleramos la corrupción institucional. Cuando esas cuestiones (denuncias) le llegan a la autoridad política, la autoridad política tiene que tener mucha ejemplaridad, y eso se da con los hechos que hace uno, pero también se da cuando hace lo que tiene que hacer: si uno quiere mejores instituciones democráticas en la provincia de Santa Fe, no puede permitir ningún tipo de corrupción”, por eso “acá hay que hacer lo que uno tiene que hacer como funcionario público, porque es mucho más fácil hacerse el zonzo y dejar que las cosas pasen y que no haya crisis institucionales. Entonces, parece que la cosa va derecha, pero en realidad va a torcida y cada vez se va torciendo más”.

Defraudación al Estado

Pullaro recordó que siendo ministro de Seguridad durante la gobernación de Miguel Lifschitz, “me vi muy conmovido con lo que se me anoticiaba a través de un mensaje anónimo muy certero, porque lo que se me informaba era con números de móviles, tipos de arreglo que tenían estos vehículos, los talleres en los que se llevaban adelante los supuestos arreglos, que terminaba siendo una defraudación muy grande a la provincia”.

“Entendí que como ministro de Seguridad, pero fundamentalmente como máxima autoridad en ese momento de la seguridad pública de la provincia, yo tenía que hacer esa denuncia, y acompañé ese mensaje anónimo -que era muy certero y muy claro- a la Fiscalía con mi firma, que posteriormente derivó en allanamientos, detenciones y varios juicios abreviados”, explicó.