La Fiscalía boliviana imputó al ex presidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata de personas y emitió una orden de detención, en el marco de una investigación que lo vincula con un caso de presunto estupro agravado. La fiscal departamental de Tarija (sur), Sandra Gutiérrez, afirmó en rueda de prensa que se está a la espera de que la Justicia disponga una fecha para la audiencia de medidas cautelares.
“Hemos iniciado una investigación ante un informe que nos ha presentado inteligencia (…) Ante cualquier denuncia que se presente, siendo estos delitos de orden público, tenemos nosotros la obligación (como Ministerio Público) de realizar la investigación”, indicó Gutiérrez al recordar que está vigente la orden de aprehensión emitida el pasado 16 de octubre. Agregó que se solicitó una alerta migratoria contra Morales para evitar cualquier intento de fuga.
La investigación se centra en un caso de 2015, cuando Morales aún ejercía la Presidencia de Bolivia. Las leyes en Bolivia establecen la privación de libertad de 10 a 15 años para quienes incurran en el delito de trata de personas.
A raíz de estas acusaciones, Morales, figura clave en la política boliviana en las últimas dos décadas y símbolo del movimiento indígena y campesino, enfrenta el riesgo estar impedido para liderar las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba (el mayor sindicato cocalero del país) y el ala “evista” del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
La queja del expresidente
El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este martes martes que es víctima de una “guerra jurídica” que busca impedir su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo año y que pueda asumir un nuevo mandato. “Denuncio al mundo que soy víctima de una brutal Guerra Jurídica (lawfare) ejecutada por el Gobierno de Luis Arce”, difundió Morales en redes sociales.
Morales sostuvo que los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso le son vulnerados. “No respetan los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; me condenan y fusilan jurídica, política y mediáticamente. No tienen pruebas, solo consignas y odio desenfrenado”, aseveró.
El exmandatario consideró que su “único delito” fue lograr una “economía justa”, así como un país más inclusivo y libre de la intromisión extranjera. “El único delito que cometí es que siendo el primer presidente indígena logré un país con una economía justa para el pueblo; una Bolivia Plurinacional con inclusión de los siempre excluidos; no haber permitido la intromisión y abuso del imperio norteamericano”, expresó.
Denunció, además, un “constante bombardeo” de difamaciones en su contra y que el Gobierno del presidente Arce busca eliminarlo. “El Gobierno tiene un ejército de fiscales, jueces, policías y militares que no solo buscan eliminarme política y moralmente, sino físicamente. Por eso intentaron envenenarme y matarme”, difundió Morales.
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