En un país que declama federalismo pero que en los hechos ha dado escasas muestras de llevarlo a la práctica, no sorprende que los eventos nacionales – en la mayoría de los casos, bastan con que ocurran en Buenos Aires- ocupen con gran fuerza endogámica el centro de la escena. Entre marchas y contramarchas en la Plaza Lavalle frente la sede de la Corte Suprema de Justicia, ruidosas en la capital y con poca trascendencia en el resto de territorio argentino; en Santa Fe, la vida institucional se continúa deteriorando sin sobresaltos.
No es el caso de las bodas narcos del Gran Rosario: ni a la de Brisa Leguizamón y Esteban Rocha, vinculados a Los Monos, que culminó con el asesinato de tres de sus invitados; ni a la de Martín Mutio, el uruguayo imputado por enviar toneladas de droga a Hamburgo que tuvieron un tratamiento público y social más misericordioso.
Mientras todo eso ocurría, fiscales del Ministerio Público de la Acusación santafesino solicitaban ante la justicia, de manera sigilosa, la prórroga de los plazos procesales en el marco de la llamada causa de “espionaje ilegal”, presentada en diciembre pasado con ribetes de escándalo sin precedentes. Se trata de otro intento del elenco estable santafesino, para amedrentar a sus investigadores y entorpecer cualquier proceso penal, presente o futuro, que tenga como objeto el crimen organizado.
Ya no es tan grave, entonces, allanar sin orden judicial y sin testigos el edificio de la gobernación de Santa Fe. Tampoco lo es filtrar nombres sobre los supuestos espiados para generar clima de tensión, seguido de una catarata de comunicados institucionales de repudio. A esta altura, por si algo faltaba luego de dos meses de investigación, los fiscales no han logrado construir un caso verosímil a pesar de la “enorme cantidad de evidencia” que dicen tener. Piden más tiempo y sostienen el secreto de su investigación frente a todos los santafesinos a quienes les dijeron que se los espiaba desde el Ministerio de Seguridad provincial.
Analizar la realidad institucional santafesina con la óptica de la insoportable grieta nacional es un boleto directo a la equivocación segura. Con protección policial, judicial y política, el elenco estable no distingue partidos políticos o funciones de gobierno. Así, es posible que convivan el oscurantismo medieval, que acepta procesos secretos sin patalear, y la luz republicana, para exigir la independencia del poder judicial nacional.
Similar caso de doble vara disparó las amenazas de la viuda del Claudio “Pájaro” Cantero, Lorena Verdún, al fiscal de la unidad de Criminalidad Organizada, Matías Edery. Dirigentes de todo tipo y color repudiaron atropelladamente el hecho ocurrido durante la audiencia imputativa. Sin embargo, a los buenos fiscales hay que cuidarlos siempre, no sólo cuando marginales violentos los aprietan. Son mayoría los que callan cuando “personajes” verdaderamente poderosos los amenazan para que no investiguen más. En la causa de juego ilegal que lleva adelante el propio Edery junto a su colega Luis Schiappa Pietra, que expresa con claridad el vínculo entre el mundo criminal y el poder político provincial, ambos funcionarios son hostigados con denuncias sin sustento desde diciembre de 2020. En este caso, no hay repudios. El silencio es tolerado por ser statu quo friendly.
Desde la renuncia del ex ministro de seguridad Marcelo Sain, en marzo del año pasado, la decisión de luchar contra las mafias, productoras de la violencia que sufre Rosario y Santa Fe, se fue apagando. Las reformas legislativas de la policía provincial, necesarias e inevitables, fueron reemplazadas, luego de artificiales diálogos políticos, por un fortalecimiento peligroso del esquema territorial de comisarías. Nada de eso es más seguridad para los santafesinos, al contrario.
Todo mercado se nutre de señales y de expectativas. También, el mercado narcocriminal. Un ecosistema institucional débil es el ámbito propicio para el recrudecimiento de la violencia mafiosa. La recuperación de la calidad institucional es el eje central de cualquier política pública de seguridad que pretenda ser exitosa. Tanto en Plaza Lavalle como en la provincia de Santa Fe.
(*) Roy López Molina es abogado y escribano. Fue diputado provincial y vicepresidente del Concejo Municipal de Rosario.
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