El juicio contra Esteban Alvarado puede marcar un quiebre en la historia reciente de Rosario. Porque no sólo están apareciendo pruebas sobre los secuestros, homicidios y balaceras que constan en la acusación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, sino que el desfile de testigos va corriendo además el velo de complicidades que tuvo la banda, con matriz narco, pero también aceitados contactos en la política, la justicia y la policía. Y esta semana comienza otra etapa muy fuerte, porque se avanzará sobre la estructura económica y financiera del grupo y hay apellidos de renombre en la ciudad que podrían aparecer en la causa.
En estas siete semanas, pasó de todo. Se escuchó por ejemplo a dos ex ministros de Seguridad, como Maximiliano Pullaro y Marcelo Sain. Se conocieron datos que comprometen seriamente al juez federal Marcelo Bailaque, que desestimó llevar adelante investigaciones con datos que le había presentado la Policía de Seguridad Aeroportuaria: fueron 14 los informes con datos y nombres, hubo cuatro solicitudes al magistrado para intervenir líneas telefónicas. Los pedidos fueron desestimados, la información se cajoneó.
Entre otros números de teléfono que la PSA pedía escuchar para conocer la trama narco, estaba el de Daniela Ungaro, por entonces pareja de Luis Medina. Y la inacción judicial coincidió con los tiempos de la polémica habilitación de Esperanto, con el crecimiento furioso del consumo de cocaína en la ciudad, con la aparición de búnkeres en distintos rincones de la geografía rosarina. Pero la Justicia Federal miró para otro lado y el monstruo creció. ¿Dará explicaciones algún día el juez Bailaque? El diputado provincial Carlos del Frade ya se las pidió por escrito en la Legislatura.
En las audiencias se nombró a funcionarios de varios partidos que tenían algún grado conocimiento de lo que iba pasando. Y que tampoco actuaron a tiempo. Se emitieron videos con avionetas bajando droga en caminos rurales y se escucharon conversaciones telefónicas de policías con presos de alto perfil. Y hasta conmovió la palabra de un testigo que fue asesinado después de declarar: Carlos Argüelles, socio y amigo del principal acusado en el juicio. Su testimonio de más de tres horas puso la piel de gallina a quienes pudieron escucharlo, en un hecho inédito: sus palabras ante los fiscales y el Tribunal se conocieron post mortem.
Arrepentido de los delitos que había conocido al ser parte de la banda, Argüelles reveló a la justicia mucho de los secretos que había anotado prolijamente durante años, en un cuaderno y a mano. Crímenes con los cuales se iba ganando territorio, negocios y conexiones. “Esteban lo mandó a matar a Luis Medina”, dijo por ejemplo. El homicidio en diciembre de 2013 del líder narco que había generado revuelo en Rosario con la apertura de Esperanto, nunca fue resuelto. Fue acribillado junto a su novia a metros del City Center. El testimonio que se conoció en este juicio, tal vez sirva como paso previo a una reapertura de la investigación. Desde entonces gira sobre ese asesinato, cabe recordar, la sombra de importantes apellidos vinculados a la política provincial.
Y si lo que pasó en estas semanas ya fue explosivo, lo que viene a partir del lunes 11 promete serlo todavía más: es que en la próxima etapa de audiencias, el eje estará puesto en la red que facilitó el lavado del dinero generado por el narcotráfico.
Para citar un antecedente cercano, puede recordarse lo que pasó en septiembre de 2020, cuando mataron a Marcelo “Coto” Medrano, narco de la zona norte al que alguien había citado a la YPF ubicada a pocos metros del Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria. Delante de testigos y sin mediar palabras, lo cosieron a balazos al bajar de su auto. Y cuando los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra dieron con el celular de la víctima, encontraron que ese mismo día había comprado 35 mil dólares en Cofyrco, una financiera de Córdoba y Corrientes, en plena city rosarina. Tiempo después, allanaban sus oficinas e imputaban a sus titulares. Desde ese día, quedó claro que el narcotráfico es algo más que el delito marginal que muestra cada noche el noticiero, con alguna balacera.
Hay un “guante blanco” que lleva esas ganancias logradas a base de balas y sangre, desde los barrios a las zonas más ricas de Rosario, hasta las camas náuticas sobre el río, barrios privados o complejos lujosos de edificios. En una carpeta que había en un campo de Alvarado cuando lo allanaron tras uno de los homicidios que se juzga en estos días, por ejemplo, había papeles de numerosas propiedades, en Tierra de Sueños, el barrio Privado San Marino de Funes, o Condominios del Alto. Algunos de esos departamentos o esas casas, eran habitadas por policías de la División Drogas Peligrosas, que filtraban información a la banda. Un verdadero reino del revés.
En la causa, dos de los imputados son Miguel Gezze Hazzi y su pareja Damiana Girardi, constructor él y relacionista pública ella. Ambos están acusados de ser testaferros de la banda que lideraba Alvarado. Pero ellos no serían los únicos: hay nombres vinculados a la construcción, al desarrollo de barrios privados y rubros afines, que también habrían hecho jugosos negocios con la banda de Alvarado.
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